Tito Lorenzo Lovo Carretero, quien se desempeñó como director encargado de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior, confirmó que supervisó dos contratos de prestación de servicios por un valor cercano a los 41 millones de pesos suscritos con Deicy Alejandra Jiménez Ramírez, la contratista que denunció haber recibido esos beneficios como presunta contraprestación por favores sexuales de parte del entonces presidente Gustavo Petro. La revelación se conoce en medio de la investigación que adelantan la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación contra el expresidente, a partir del testimonio publicado por la revista Semana, en el que Jiménez aseguró que los contratos estatales que obtuvo desde 2019, incluso en el Senado de la República, estaban ligados a un presunto abuso y control de poder ejercido por el mandatario.
De acuerdo con la información conocida, el primer contrato fue suscrito el 29 de agosto de 2025 por un valor de 11 millones de pesos, aunque la cláusula registra 11 millones 151 mil 338 pesos, con un pago mensual de 2 millones 534 mil 395 pesos durante cuatro meses y medio. El segundo contrato se firmó el 21 de enero de 2026 por 30 millones de pesos, con una remuneración mensual de 2 millones 648 mil 443 pesos durante once meses y medio. Ambos contratos fueron celebrados bajo la modalidad de contratación directa, mediante órdenes de prestación de servicios (OPS), y las labores asignadas a Jiménez incluían tareas de archivo, digitación, apoyo documental y asistencia a la gestión en la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
La justificación de la contratación
Al ser indagado por los motivos que llevaron a vincular a Jiménez, Lovo Carretero explicó que la contratación de profesionales y personas de apoyo responde a la insuficiencia de personal de planta en la Subdirección, que apenas cuenta con entre seis y siete funcionarios. Según su versión, esa limitación obligó a recurrir a la vinculación de más de cien personas mediante contratos de prestación de servicios para cumplir con las funciones asignadas. El exdirector encargado también afirmó que la contratación correspondía a necesidades operativas y que la contratista cumplía con el perfil requerido, aunque reconoció no tener conocimiento específico sobre alguna recomendación particular para la vinculación de Jiménez.
«Con respecto a la contratación de profesionales y/o personas de apoyo a la gestión se justifica en insuficiencia de personal de planta para cumplir con todas las funciones de la Subdirección. Es importante señalar que la Subdirección cuenta con poco personal de planta, entre seis a siete funcionarios, lo que hace necesario recurrir a la contratación de más de cien personas mediante contratos de prestación de servicios (OPS)»
Tito Lorenzo Lovo Carretero, exdirector encargado de Seguridad del Ministerio del Interior
No obstante, Lovo Carretero también señaló que las decisiones sobre la vinculación de contratistas no eran de su resorte directo, pues la definición de las dependencias y la selección del personal correspondía a la alta dirección del Ministerio, que en esa época era dirigido por Armando Benedetti. Sus declaraciones dejan entrever que el proceso de selección y asignación de contratos se manejaba desde instancias superiores, mientras que la supervisión de los mismos quedaba en manos de los directivos de cada subdirección.
«La vinculación de contratistas es una decisión de la alta dirección y allá es donde se decide por qué dependencia se vinculan»
Tito Lorenzo Lovo Carretero, exdirector encargado del Ministerio del Interior
La denuncia de Deicy Jiménez y la ruta de seguridad
La contratista, quien llegó al Gobierno Petro con título de bachiller académico y experiencia laboral en el sector audiovisual independiente, ha sostenido que los contratos que recibió fueron otorgados a cambio de acompañar al expresidente en fiestas y reuniones. En su denuncia, Jiménez manifestó que muchas mujeres fueron vinculadas contractualmente bajo esas mismas condiciones, y aseguró que se trataba de una práctica de abuso de poder que busca silenciar a quienes participan.
«No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro, que prácticamente usaba mujeres jóvenes para sus beneficios propios personales a cambio de contratos. Pues no estoy de acuerdo con eso, el abuso de poder (…) Cuando las mujeres aceptaban acompañarlo en sus fiestas o en sus reuniones y a cambio les da contratos, pues es un abuso de poder, como un control que tiene para que no hablen. (…) Son bastantes mujeres las que tienen contratos y que lo acompañan»
Deicy Jiménez Ramírez, contratista y denunciante
Ante las posibles represalias por sus declaraciones, el Gobierno de Abelardo de la Espriella activó el 25 de octubre de 2026 una ruta de seguridad junto con la Unidad Nacional de Protección para atender los riesgos que enfrenta Jiménez. Desde el Ministerio del Interior se indicó que la protección de la vida no admite dilaciones y que ninguna persona debe enfrentar amenazas, intimidaciones o represalias por entregar un testimonio o hacer públicos sus señalamientos. La justificación de los contratos, según los documentos conocidos, señalaba la necesidad de contratar personal de apoyo a la gestión para consolidar informes de seguimiento de los proyectos financiados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, una labor que, según la versión oficial, se enmarcaba dentro de las funciones operativas de la Subdirección.
