La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ha tomado una decisión que transforma un delito ambiental en una herramienta de reconstrucción: 70 metros cúbicos de madera decomisada, equivalentes a 820 bloques de pino, cedro y eucalipto, serán destinados a reparar infraestructura en las zonas más golpeadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el centro del país el pasado 10 de agosto. La entrega, coordinada por el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, implica que este material, que alguna vez fue producto del tráfico ilegal de flora, ahora servirá para levantar techos y reconstruir viviendas en regiones donde el sismo dejó más de 300 muertos y alrededor de 30.000 viviendas destruidas, según el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La madera, que durante una década permaneció almacenada bajo estrictas condiciones fitosanitarias en el Centro de Atención y Valoración de Flora de la CAR en Mosquera, Cundinamarca, ya comenzó a distribuirse entre varias entidades receptoras. Entre ellas se encuentran la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, la Defensa Civil de Santander, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y el Batallón de Atención y Prevención de Desastres n.º 80 del Ejército Nacional. Estos organismos canalizarán los bloques hacia frentes de trabajo activos en las zonas afectadas, donde se priorizará la reparación de infraestructura crítica y la asistencia directa a la población damnificada. Antes de su distribución, cada pieza pasó por rigurosos procesos de identificación, cuantificación y revisión sanitaria, garantizando que el material cumpla con los estándares necesarios para su uso en construcción.
De bodegas a viviendas: el giro social de la madera incautada
El director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, fue enfático al señalar el cambio de enfoque que representa esta iniciativa. «Lo que antes era un crimen contra nuestros bosques, hoy está levantando techos y salvando vidas», declaró, al tiempo que precisó que se trata de «más de 800 bloques de madera incautada al tráfico ilegal». La decisión de no mantener el material en bodegas responde a una estrategia más amplia de la corporación para reutilizar la madera decomisada en proyectos de beneficio colectivo. En total, el centro de Mosquera acumulaba 1.177 metros cúbicos de madera incautada durante los últimos diez años, un volumen que, según cálculos de la CAR, permitiría construir más de 50 viviendas familiares.
«Lo que antes era un crimen contra nuestros bosques, hoy está levantando techos y salvando vidas»
Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la CAR
La medida se enmarca en una política de «cero tolerancia contra las mafias que destruyen el territorio», como lo resumió Ballesteros al referirse al objetivo institucional de combatir el tráfico ilegal de productos biodiversos. La CAR mantiene vigentes más de diez convenios con alcaldías y resguardos indígenas en Cundinamarca para darle un segundo uso a la madera incautada, destinándola a estructuras de control de erosión, puentes peatonales y corrales para ganado, respondiendo así tanto a necesidades locales como a los riesgos climáticos exacerbados por fenómenos como El Niño. Ahora, con la emergencia sísmica, ese mismo modelo se expande a otras regiones del país.
El terremoto del 10 de agosto, con una magnitud de 7,4, dejó una huella devastadora que aún se cuenta en más de 300 fallecidos y 137.000 viviendas con daños, de las cuales al menos 30.000 quedaron completamente destruidas, según datos de la Ungrd. La distribución de esta madera, que ya no «se queda en bodegas» como afirmó el director de la CAR, representa un alivio concreto para las comunidades que enfrentan la doble emergencia de haber perdido sus hogares y de lidiar con la lentitud de los procesos burocráticos de reconstrucción. Con cada bloque de pino, cedro o eucalipto que llegue a una zona devastada, la CAR espera no solo reparar techos, sino también demostrar que la justicia ambiental puede traducirse en justicia social en los momentos más críticos.
