La Policía Nacional y la Dijín capturaron en Medellín a Katerin Herrera Álvarez, una colombiana requerida por Suecia mediante Notificación Roja de Interpol, por el presunto delito de extorsión agravada. Según las autoridades, la mujer se hacía pasar por policía sueca para exigir dinero a las víctimas, en el marco de una organización criminal que operaba en la ciudad de Östersund, en el país nórdico. La detención se produjo durante una operación conjunta que permitió ubicar a la señalada extorsionista, quien residía en la vereda Toldas, en el municipio de Guarne, Antioquia, y trabajaba como administradora de hotel en la capital antioqueña.
La red delictiva enviaba correos electrónicos fraudulentos en nombre de la Policía sueca para amenazar a las víctimas con supuestas condenas de prisión, multas elevadas y la posible pérdida de la custodia de sus hijos. Las investigaciones, adelantadas en coordinación con entidades europeas, revelaron que cada víctima debía pagar entre 85.000 y 90.000 coronas suecas, cifra que equivale aproximadamente a 34 o 36 millones de pesos colombianos. La Fiscalía General de la Nación está a la espera de la solicitud formal de extradición por parte de las autoridades diplomáticas y judiciales de Suecia.
Un pasado marcado por la violencia
La historia de Katerin Herrera Álvarez está atravesada por la violencia que azotó a Colombia en décadas pasadas. Salió del país a los cinco años junto con su madre, en condición de refugiada bajo la protección de ACNUR, después de que su padre fuera asesinado por grupos guerrilleros. Residió 23 años en Suecia, donde recibió asistencia estatal y se formó como jefe de enfermería. En 2024 regresó a Colombia debido a complicaciones de salud de su madre, y antes de ser ubicada por las autoridades también se dedicaba a organizar eventos para una caja de compensación.
Proceso de extradición en curso
Mientras la justicia sueca formaliza la solicitud de extradición, Herrera Álvarez permanece a disposición de las autoridades colombianas. El caso es un nuevo ejemplo de cómo las organizaciones criminales transnacionales utilizan mecanismos de ingeniería social y suplantación de autoridades para cometer extorsiones, y deja en evidencia el trabajo articulado entre la Policía Nacional, la Dijín y los organismos europeos para perseguir este tipo de delitos más allá de las fronteras.
