La Comisión Primera del Senado de la República aprobó en primer debate un proyecto de acto legislativo que busca impedir la extensión de la vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz más allá del año 2028. La iniciativa, que ahora pasa a discusión en la plenaria del Senado para continuar su trámite legislativo, fue presentada por el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, quien ha señalado presuntos retrasos en el funcionamiento de la JEP como la principal motivación de la reforma constitucional.
De acuerdo con el senador Gómez, quien confirmó la iniciativa a través de sus redes sociales al presentar la ponencia, la JEP maneja actualmente cerca de 37 subcasos, de los cuales solo seis cuentan con decisiones parciales. Gómez atribuyó este bajo número de avances a la lentitud de las salas de reconocimiento, encargadas de determinar responsabilidades en los macrocasos del conflicto armado, y afirmó que son estas salas las que concentran el mayor retraso dentro de la jurisdicción. La propuesta fija como límite el periodo previsto en la Constitución Política para dichas salas, estableciendo como fecha tope el año 2028.
Los argumentos del proyecto
En su defensa del proyecto, el senador Enrique Gómez planteó que, una vez finalice la vigencia de la JEP, las competencias de esta jurisdicción deben ser trasladadas a la justicia ordinaria, argumentando que esto se haría «a un costo sustancialmente menor y con verdadera eficiencia». La JEP fue creada en el marco del Acuerdo de Paz de Colombia como un mecanismo de justicia transicional para investigar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado interno, y esta reforma constitucional apunta a limitar su funcionamiento en el tiempo.
«Trasladar las competencias de la JEP a la justicia ordinaria: a un costo sustancialmente menor y con verdadera eficiencia»
Enrique Gómez, senador de Salvación Nacional
La noticia se encuentra en desarrollo, pues el proyecto de acto legislativo deberá superar aún el debate en la plenaria del Senado antes de continuar su trámite en el Congreso. Mientras tanto, la disción pública sobre los tiempos de la JEP y la necesidad de garantizar justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado colombiano sigue abierta, en un contexto donde se cuestiona tanto la eficiencia de la jurisdicción como los plazos para concluir su labor.
