El Gobierno de Colombia anunció que la expedición de pasaportes y visas, tanto en el país como en consulados del exterior, queda garantizada mediante un contrato transitorio de 15 meses que no implicará costos adicionales para los ciudadanos, mientras avanza la licitación para definir al operador definitivo. La medida, dada a conocer por la Presidencia de la República a través de su cuenta oficial en la red social X, responde a la suspensión provisional del modelo contractual previo ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que generó un riesgo inminente de desabastecimiento de libretas. La Cancillería, a través del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, formalizó una contratación directa por urgencia manifiesta a la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027, conformada por Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. con un 68 por ciento de participación, Thales Colombia S.A. con el 28,9 por ciento y Thomas Greg & Sons Limited con el 3,1 por ciento restante.
El contrato transitorio, identificado con el número 959-2026 y con fecha límite el 17 de diciembre de 2027, mantiene los valores unitarios congelados sin reajustes por inflación ni tasa de cambio, y cuenta con un presupuesto máximo proyectado de 40.352 millones de pesos, aunque la cuantía máxima autorizada asciende a 240.352 millones de pesos. De ese techo presupuestal, 145.357 millones se destinarán a la adquisición de libretas ordinarias electrónicas y 91.753 millones a los servicios de personalización, custodia, almacenamiento y distribución. La capacidad de producción estimada es de entre 160.000 y 170.000 libretas mensuales, y se calcula que se requieren 20 días hábiles para reactivar la producción, dado que el inventario de libretas se agota en noviembre de 2026. La Resolución 12973 del 17 de septiembre de 2026 declaró la urgencia manifiesta que permitió esta contratación directa, en cumplimiento de la orden judicial que suspendió el esquema anterior.
Los antecedentes de una controversia que marcó la gestión de pasaportes
El conflicto por la expedición de pasaportes se remonta a la Licitación Pública 001 de 2023, declarada desierta en septiembre de ese año por el entonces canciller Álvaro Leyva, pese a que Thomas Greg & Sons era la única oferente luego de que otras empresas se retiraran denunciando pliegos presuntamente diseñados a favor de la multinacional. Esa declaratoria llevó a la compañía a demandar al Estado por 117.000 millones de pesos, y provocó la suspensión del canciller Leyva por parte de la Procuraduría durante el gobierno de Gustavo Petro. El caso generó fuertes choques internos, incluyendo la renuncia de Martha Lucía Zamora, jefa de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, por respaldar una conciliación, y la destitución del secretario general José Antonio Salazar por intentar revocar la declaratoria y adjudicar el contrato.
Posteriormente, la Cancillería bajo la dirección de Luis Gilberto Murillo buscó una prórroga técnica y una alianza con la Imprenta Nacional de Portugal para transferir tecnología hacia un esquema estatal. Sin embargo, diagnósticos técnicos advirtieron que la Imprenta Nacional colombiana no contaba con la infraestructura ni el personal para producir más de un millón y medio de libretas anuales, lo que hizo necesario prolongar esquemas transitorios. La licitación original alcanzaba cerca de 600.000 millones de pesos y mantenía a Thomas Greg & Sons como el operador histórico, mientras la demanda de la compañía contra el Estado sigue su curso.
Garantías para los ciudadanos y canales oficiales
«La Cancillería garantiza la continuidad del servicio de pasaportes en Colombia y los consulados en el exterior mediante un contrato transitorio de 15 meses, que mantiene los valores unitarios anteriores y permite avanzar hacia la licitación para seleccionar al operador definitivo. Los ciudadanos pueden consultar requisitos, citas y tarifas vigentes en los canales oficiales»
Presidencia de la República (@infopresidencia)
Actualmente circulan dos diseños oficiales de pasaporte colombiano, y las autoridades han advertido que introducir un tercer formato temporal generaría problemas en los filtros migratorios aeroportuarios internacionales. Por ello, el contrato transitorio mantiene los mismos estándares y valores unitarios anteriores. Los desembolsos se realizarán únicamente contra la entrega efectiva de documentos y servicios a satisfacción, y la cuantía máxima es un techo presupuestal, no una asignación fija. Los ciudadanos pueden consultar requisitos, citas y tarifas en los canales oficiales de la Cancillería, mientras el Gobierno avanza en el proceso de licitación pública para definir al operador definitivo a largo plazo.
