En una decisión que sacude el panorama cultural del país, el Juzgado 24 de Familia de Bogotá ordenó este viernes 29 de octubre de 2026 restituir en un plazo de 48 horas la totalidad de las piezas que fueron retiradas del Museo Nacional de Colombia el pasado 15 de octubre. La medida judicial responde a una acción de tutela presentada por el representante a la Cámara Gabriel Becerra (Pacto Histórico), respaldada por colectivos Lgbt+ como el colectivo León Zuleta, liderado por Jorge Virviescas, y Revolución en Rosa, de Kevyn Muñoz Torres. El despacho acumuló quince acciones de tutela en una sentencia de 38 páginas, en la que concluyó que el desmonte no obedeció a un procedimiento técnico o curatorial y advirtió que excluir expresiones culturales por su contenido político o ideológico es incompatible con principios constitucionales.
Según el inventario oficial del museo, fueron desmontados 63 objetos de las salas «Memoria y Nación» y «Hacer sociedad». De ese total, 22 tienen carácter patrimonial, mientras que el resto son facsímiles, elementos de apoyo y piezas recibidas en comodato. La orden judicial exige devolver cada uno de estos elementos a sus espacios de exhibición con condiciones adecuadas de conservación, mientras se desarrolla la evaluación técnica y curatorial que permita determinar su permanencia definitiva. El juez también estableció que cualquier modificación futura de las salas debe tramitarse a través de las instancias institucionales competentes, en particular el Comité de Gestión Patrimonial del museo, y con criterios de protección de la memoria histórica, enfoque diferencial y de género, pluralismo, igualdad y prohibición de censura.
“Una victoria de la memoria de las víctimas”
El representante Gabriel Becerra celebró el fallo como un triunfo para las causas sociales. “Una victoria de la memoria de las víctimas, de la diversidad y de la paz”, afirmó, y agregó que “ningún Gobierno puede imponer su versión de la historia silenciando la memoria de nuestro pueblo”. La controversia se desató a mediados de octubre cuando, en el marco de la denominada “contrarrevolución cultural” anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella, funcionarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, encabezados por la ministra Paola Holguín, procedieron al desmonte de materiales que incluían referencias a la memoria de la Unión Patriótica, luchas feministas, población Lgbt+, el conflicto armado, el Acuerdo de Paz de 2016, el tarjetón de la séptima papeleta, afiches de campañas de Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, y el emblemático “Balígrafo” de la firma del acuerdo con las antiguas Farc.
La ministra Holguín defendió en su momento la medida asegurando que cumplían una orden presidencial y negó cualquier acto de censura o discriminación, argumentando que el museo no debe ser espacio de adoctrinamiento, apología al delito o revictimización. Sin embargo, el juzgado consideró que el retiro carecía de sustento técnico y curatorial, lo que motivó la orden de restitución inmediata. El Comité Internacional para los Museos y Colecciones de Arte Moderno (Cimam) había expresado su preocupación y pidió respetar la independencia profesional del museo.
“48 horas para devolver el wokismo y la propaganda del M-19 al Museo Nacional. La justicia exprés apareció para proteger la agenda progresista; para hacerles espacio a las víctimas de secuestros, asesinatos y atentados nunca existió la misma urgencia. El fallo cuestiona la falta de sustento técnico y curatorial. Entonces hay que hacerlo bien: impugnar, cumplir el procedimiento y reorganizar la exposición. Ni propaganda guerrillera ni wokismo financiados con recursos públicos”.
Andrés Barrios, concejal de Bogotá
El concejal Andrés Barrios, férreo opositor a la medida judicial, pidió impugnar el fallo y solicitó acciones directas a la ministra Paola Holguín y al presidente Abelardo de la Espriella. Su postura refleja la profunda división política que ha generado el caso, en el que se enfrentan visiones contrapuestas sobre el papel del Museo Nacional como espacio de memoria y construcción de identidad colectiva. Mientras tanto, el museo deberá cumplir la orden en las próximas 48 horas, reintegrando las piezas a sus vitrinas mientras se dirime, por la vía institucional, el futuro de la narrativa histórica que alberga.
