El abogado Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia y actual director del Instituto Anticorrupción, presentó el domingo 25 de octubre una denuncia penal contra el expresidente Gustavo Petro por los presuntos delitos de tráfico de influencias de servidor público, concusión y peculado. La denuncia se sustenta en las acusaciones de Deicy Jiménez, quien asegura que Petro habría utilizado su influencia como senador y presidente para otorgar contratos estatales a cambio de favores sexuales. La acción judicial fue anunciada en una entrevista con el programa Aquí y ahora de La FM y formalizada ante la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en el marco de un escándalo que sacude el panorama político colombiano.
La Corte Suprema ya designó al magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, elegido el 17 de septiembre y quien asumió el 14 de octubre, para adelantar la investigación preliminar por los hechos ocurridos en 2019, cuando Petro era senador. En paralelo, la Comisión de Acusación de la Cámara investiga los actos presuntamente cometidos durante su periodo presidencial. Enciso, quien ha seguido de cerca el caso, señaló que la defensa de Petro no ha abordado el fondo de las acusaciones: «La defensa de Petro, la verdad es que ha sido patética, porque él no ha respondido nada de las cosas de las que lo están acusando».
Las acusaciones de Deicy Jiménez y los contratos bajo la lupa
Deicy Jiménez ha afirmado públicamente que conoció a Petro en 2019 a través de una plataforma para adultos, cuando él era senador. Según su versión, existió una red de entre 30 y 40 mujeres a las que se les asignaban contratos estatales a cambio de silencio, compañía en reuniones y presuntas relaciones sexuales. Jiménez calificó estos hechos como supuestos actos de «corrupción, manipulación y abuso de poder». A partir de su testimonio, se reveló que tuvo diez contratos con entidades estatales entre 2021 y 2026: siete relacionados con el Congreso, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. De estos, uno se encontraba vigente al momento de la publicación de la noticia: un contrato firmado el 21 de enero de 2026 por un valor de 30 millones 457 mil pesos.
Enciso describió la dinámica de esos contratos con dureza, señalando que «eran prácticamente corbatas», es decir, trabajos ficticios que no correspondían a labores reales. Además, explicó que el delito de concusión, uno de los imputados a Petro, «es como un soborno, pero al revés», en tanto el funcionario presionaría para obtener un beneficio indebido. El abogado también criticó la estrategia del expresidente, quien, según él, está «politizando el caso» y con ello «enreda a Colombia en un mare magnum de demagogia». Estas declaraciones reflejan una postura firme contra el exmandatario y un llamado a que la justicia avance sin interferencias.
«Petro lo que está haciendo es politizando el caso. Eso enreda a Colombia en un mare magnum de demagogia.»
Camilo Enciso, abogado y exsecretario de Transparencia
En cuanto al rol de Jiménez en el proceso, Enciso aclaró que no la considera víctima desde el punto de vista penal, pero sí «desde lo sociológico y las relaciones de poder», reconociendo la complejidad de su situación. El Instituto Anticorrupción, que lidera, cuenta con información adicional cuya divulgación no está autorizada por ahora. Se investigan además posibles hechos repetidos en otras entidades públicas con participación de altos funcionarios del Gobierno. Jiménez mencionó, entre otros, contratos con el Senado durante la primera vicepresidencia de María José Pizarro y con entidades bajo la dirección de Armando Benedetti, lo que amplía el espectro de la investigación hacia otros actores del poder.
Mientras tanto, la Fiscalía ya citó a declarar a Angie Rodríguez y Laura Sarabia, y se espera que Jiménez sea llamada a rendir testimonio ante la Corte Suprema. El caso sigue en desarrollo, con un expresidente que no ha respondido a las acusaciones y un país que observa atento el curso de una investigación que podría tener implicaciones profundas en la política nacional. La denuncia de Enciso se suma a un ambiente de creciente tensión, donde la credibilidad de las instituciones y la transparencia del poder están en el centro del debate público.
