La jueza octava administrativa de Cúcuta, Magda Yolima Prada Gómez, declaró en desacato al contralor general Jorge Eliécer Laverde Vargas y a otros cuatro funcionarios de la Contraloría General de la República por no cumplir la orden judicial de reactivar el concurso de méritos destinado a proveer 3.144 cargos vacantes. La decisión, emitida el miércoles 28 de octubre, impone una sanción económica que los afectados deberán pagar con sus propios recursos en un plazo de diez días, siempre que el fallo quede en firme tras la revisión del Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
Además del contralor, la jueza sancionó al vicecontralor Francisco José Chaux Donado, a la gerente de Talento Humano Elizabeth Monsalve Camacho, al director jurídico Miguel Ángel Mancera Villa y a la directora de Carrera Administrativa Julieth Andrea Capera González. La determinación se basa en que los funcionarios no publicaron un nuevo cronograma dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia del 6 de octubre, tal como lo exigía el fallo. En lugar de acatar la orden, el Consejo Superior de Carrera Administrativa aprobó un aplazamiento hasta el 30 de octubre, lo que la jueza consideró un incumplimiento deliberado.
Los detalles del concurso y las razones del desacato
El concurso de méritos había sido suspendido el 17 de septiembre por la Contraloría, alegando la necesidad de adoptar medidas para los aspirantes afectados por el terremoto del 10 de agosto. Sin embargo, la jueza concluyó que la entidad podía avanzar en el proceso sin paralizarlo por completo y que no justificó suficientemente la demora. La orden inicial, emitida el 6 de octubre y notificada al día siguiente, exigía la publicación inmediata de un nuevo calendario. Pese a que el 16 de octubre la Contraloría publicó un cronograma que prevé resultados definitivos de evaluación de antecedentes para el 19 de noviembre y listas de elegibles para el 15 de enero de 2027, la jueza consideró que la demora en la publicación constituyó un desacato a la sentencia. Advirtió, además, que si persiste el incumplimiento podrá imponer nuevas multas.
La Universidad de Antioquia, contratada para desarrollar el concurso, ya había evaluado 5.155 reclamaciones de puntajes, equivalentes al 99,2% del total, y presentó dos alternativas desde el 7 de octubre para reanudar actividades el 15 de octubre. No obstante, el Consejo Superior descartó la opción más rápida sin brindar una explicación suficiente, según consta en el auto de la jueza. En la misma decisión, la jueza exoneró al rector de la Universidad de Antioquia, Luqegi Gil Neira, y a otras tres funcionarias de la institución, al considerar que la universidad cumplió con sus actividades y no tenía atribuciones para modificar las decisiones del Consejo Superior. El fallo también ordena resolver y notificar las reclamaciones pendientes y garantizar un cronograma definitivo sin nuevas suspensiones. La sanción contra los cinco funcionarios de la Contraloría podrá ser apelada ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
