El Ministerio de Salud de Colombia objetó el proyecto de reforma al impuesto a cigarrillos y vapeadores al considerar que la fórmula propuesta podría reducir entre 79.000 y 99.000 millones de pesos los recursos destinados al sistema de salud. El concepto, de 51 páginas y firmado por las viceministras Diana Julieta Díaz, de Salud Pública, y Marcela Brun, de Protección Social, fue entregado horas antes del cuarto y último debate en la plenaria del Senado del proyecto que cursa bajo los números 243 de 2026 en Senado y 136 de 2025 en Cámara. Los promotores de la iniciativa son los congresistas Efraín Cepeda, Ana Carolina Espitia y Carlos Julio González Villa.
Un impuesto que resta recursos al aseguramiento
El análisis del Ministerio detalla que el impuesto específico de 5.100 pesos propuesto en la reforma generaría un recaudo inferior al esquema actual. Mientras el sistema vigente ajusta la tarifa cada año sumando el IPC más cuatro puntos porcentuales, la nueva fórmula fijaría un monto fijo que, con la inflación, perdería valor real. Las proyecciones indican que en 2028 la recaudación sería 4,2 por ciento menor que la del esquema actual, y en 2029 la diferencia ascendería a 5,1 por ciento. Con datos de 2025, la aplicación de la nueva fórmula habría restado 125.700 millones de pesos al flujo destinado al aseguramiento en salud, que recibe el 84 por ciento de lo recaudado, en favor del deporte, que percibe el 16 por ciento. La pérdida acumulada para la Adres entre 2027 y 2030 se estima en cerca de 547.000 millones de pesos. El Ministerio recordó que el impuesto actual sobre el precio de venta es de 62,8 por ciento, mientras que la OMS recomienda un nivel del 75 por ciento, y aunque reconoce la eficacia de los impuestos para desestimular el consumo, sostiene que el mecanismo específico no garantiza un incremento real de la carga tributaria.
Vacíos jurídicos y alertas de la sociedad civil
La reforma también ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones como Red PaPaz, la Liga Colombiana Contra el Cáncer, la Fundación Anáas y ReCeTa Colombia, que han señalado vacíos jurídicos en la clasificación de los productos. Según estas entidades, las denominaciones propuestas podrían dejar por fuera nuevas presentaciones comerciales de nicotina, facilitando que los consumidores migren entre categorías sin que se reduzca el consumo global. Además, el Ministerio pidió que los parches de nicotina utilizados en terapias para dejar de fumar conserven su reconocimiento como productos medicinales. El proyecto, que se encuentra en su último debate legislativo, deberá superar las objeciones técnicas y fiscales del Gobierno antes de ser aprobado.
