La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra funcionarios de la Superintendencia de Subsidio Familiar por el presunto pago de cerca de $400 millones, correspondientes a un contrato de servicio de transporte que no se habría ejecutado durante la pandemia, cuando los empleados de la entidad trabajaban desde casa. El órgano de control indaga al secretario general encargado de la Superintendencia, a William Alberto Acosta Romero, coordinador del Grupo de Gestión Administrativa, y al contratista particular en ejercicio de funciones públicas José Ignacio Sarmiento, quienes habrían firmado la certificación de cumplimiento del objeto contractual y su acta de liquidación, autorizando así el desembolso de los recursos a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco.
De acuerdo con la información conocida, el comité operativo conformado por el secretario general encargado y Acosta Romero habría incurrido en una irregularidad al dar por ejecutado un negocio jurídico que no se cumplió, causando un presunto detrimento patrimonial a las finanzas públicas. La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, a cargo del caso, solicitó pruebas documentales para verificar los hechos denunciados, determinar si constituyen falta disciplinaria y evaluar posibles causales de exclusión de responsabilidad. También se validará la participación de José Ignacio Sarmiento, quien junto con Acosta supervisó el contrato y, por tanto, debía dar cuenta de su ejecución.
El secretario encargado llegó tras la suspensión de Pérez Casas
El secretario general encargado de la Superintendencia de Subsidio Familiar asumió el cargo después de que, en noviembre de 2023, la Procuraduría profiriera pliego de cargos y suspendiera provisionalmente por tres meses al entonces superintendente Luis Guillermo Pérez Casas. Esa suspensión se originó por la presunta modificación irregular de la lista de elegibles para los cargos de director administrativo y agentes interventores de las cajas de compensación, que habría incluido a personas que no participaron en la convocatoria de mayo de 2022 o que no cumplían los requisitos mínimos. Para el Ministerio Público, Pérez Casas desconoció los principios de igualdad, legalidad y moralidad, pese a que la lista era “definitiva, obligatoria e inmodificable”.
La modificación habría permitido designar a Juan Carlos Carvajal Rodríguez como director administrativo de Comfamiliar Huila. La suspensión provisional se fundamentó en que, mientras Pérez Casas ejerciera el cargo, podría seguir alterando la lista y designar directores o agentes liquidadores que no participaron en la convocatoria inicial. La vigencia de ese listado estaba prevista entre el 5 de agosto de 2022 y el 5 de agosto de 2024, y su alteración sin justificación legal se convirtió en el eje de un proceso disciplinario que aún está en curso.
Investigación paralela por aportes a Buenaventura
En paralelo, la Procuraduría investiga a Pérez Casas por solicitar dinero a las cajas de compensación para ayudar a la población de Buenaventura, pese a que los recursos parafiscales tienen destinación específica por ley: subsidio familiar, vivienda de interés social y seguridad social en salud. El entonces superintendente afirmó en un evento público que al 9 de diciembre de 2022 los aportes recibidos superaban los $900 millones y que esperaba completar $1.000 millones para el 15 de diciembre de ese año. Aunque el fin de la solicitud era altruista, el funcionario no estaba facultado para pedir contribuciones distintas a las ordenadas por ley.
De esta manera, la Procuraduría mantiene abiertos varios frentes de investigación en la Superintendencia de Subsidio Familiar, tanto por el presunto contrato de transporte no ejecutado como por las decisiones administrativas del suspendido superintendente. El caso por el pago de los $400 millones avanza en la etapa procesal de solicitud de pruebas, a la espera de que se determine la responsabilidad disciplinaria de los involucrados y se establezca si hubo un daño real al patrimonio público.
