La gerente de Bogotá, Clara Lucía Sandoval, salió al paso de las versiones que circularon sobre una supuesta militarización general de la ciudad y precisó que la orden del presidente Abelardo de la Espriella se limita a un control militar focalizado en el corredor Usme-Sumapaz. A través de un comunicado difundido en su cuenta de X, Sandoval explicó que las declaraciones del mandatario, emitidas al día siguiente del consejo de seguridad realizado el miércoles 28 de octubre en la Alcaldía de Bogotá, han sido interpretadas de manera errónea. Según la funcionaria, lo expresado por el presidente fue contundente: “Hay que tener el control militar en el Sumapaz y en el corredor de Usme y Sumapaz”. De esta forma, la presencia de la Fuerza Pública se concentrará en esa zona estratégica, donde confluyen varias de las estructuras criminales que operan en el sur de la capital.
El anuncio se da en un contexto de máxima tensión por la seguridad en Bogotá. El propio presidente lideró la madrugada del 28 de octubre un operativo nocturno bautizado como Operación Kratos, que movilizó a 1.400 efectivos entre Policía, Ejército y CTI. Este despliegue, calificado por el mandatario como un golpe “nunca antes visto en Bogotá”, dejó un balance de 172 capturas, de las cuales 104 fueron por orden judicial y 68 en flagrancia, además de 114 allanamientos. Durante el operativo murió alias Andresito, señalado como jefe de sicarios de la estructura Los Ingenieros, una de las organizaciones criminales identificadas junto con el ELN, el Tren de Aragua y El Mesa.
Un golpe contundente contra el crimen organizado
El balance de la Operación Kratos revela la magnitud de la intervención. De las capturas realizadas, 92 personas fueron detenidas por concierto para delinquir, 29 por tráfico de estupefacientes, 22 por hurto, 15 por porte ilegal de armas y 3 por homicidio. Las autoridades también incautaron 11 armas de fuego, 3 granadas, 72 cartuchos, 3 proveedores, 34 celulares, 4,6 kilogramos de estupefacientes, 250 papeletas de tusi y una suma de dinero en efectivo que aún no ha sido cuantificada oficialmente. Estos resultados, presentados por el presidente en compañía del alcalde Carlos Fernando Galán y la cúpula de la Fuerza Pública durante el consejo de seguridad, representan un avance significativo en la lucha contra las bandas que azotan a la capital.
“Ningún colombiano tiene por qué pagarle a un criminal para poder trabajar, vivir y transitar”
Abelardo de la Espriella, presidente
De manera paralela, el gobierno nacional anunció dos medidas que han generado amplio debate en la opinión pública. La primera es la deportación de ciudadanos venezolanos en situación irregular que sean capturados cometiendo delitos. En Bogotá residen actualmente 630.119 venezolanos, de los cuales 148.955 se encuentran en condición migratoria irregular, según cifras oficiales. El presidente fue enfático al respecto: “Los que estén delinquiendo y tengan anotaciones los vamos a deportar sin ninguna dilación”. La segunda medida consiste en el traslado de los detenidos a cárceles de otros departamentos, una decisión que busca evitar que los criminales sigan operando desde los centros penitenciarios de la ciudad. “A todos los bandidos que estamos capturando en Bogotá no los vamos a dejar detenidos en Bogotá, los vamos a llevar a otros departamentos”, afirmó el mandatario.
“A todos los bandidos que estamos capturando en Bogotá no los vamos a dejar detenidos en Bogotá, los vamos a llevar a otros departamentos”
Abelardo de la Espriella, presidente
La estrategia de seguridad también contempla reforzar el control en los corredores que conectan a Bogotá con Soacha y la Sabana, con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca. Sandoval, por su parte, destacó que la relación entre la presidencia y la administración distrital ha sido más efectiva que con la administración anterior, y subrayó que las evaluaciones de seguridad se realizarán mensualmente durante el resto de 2026. En ese sentido, la gerente insistió en que las acciones están dirigidas a frenar la expansión de las estructuras criminales en localidades como Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar, donde la presencia del Tren de Aragua y otras bandas ha generado zozobra entre los habitantes.
