La excanciller Rosa Yolanda Villavicencio calificó como «abuso de poder puro y una infamia» las denuncias sobre una presunta red de prostitución en la Casa de Nariño, en un pronunciamiento realizado a través de su cuenta en la red social X. En su mensaje, la exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro exigió una investigación exhaustiva, protección para las mujeres involucradas y «cero impunidad». Villavicencio respondió directamente a una publicación del expresidente Gustavo Petro, quien había señalado a Carlos Ríos Puerta, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y exgerente de campaña del presidente Abelardo de la Espriella, como responsable de presionar e interrogar a 48 trabajadoras de esa dependencia oficial.
Las declaraciones de Villavicencio se enmarcan en un escándalo que estalló luego de que Ríos Puerta afirmara durante un debate en el Senado que 48 mujeres fueron vinculadas mediante contratos de prestación de servicios para «estar con el presidente», sin presentar documentos ni testimonios que respaldaran su denuncia. A esto se sumó el testimonio público de Deicy Jiménez, quien aseguró en una entrevista con Vicky Dávila que mantuvo relaciones sexuales con el expresidente Gustavo Petro a cambio de contratos, y que otras mujeres habrían aceptado acuerdos similares. Jiménez manifestó no estar de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Petro, según sus declaraciones.
Reacciones y acusaciones cruzadas
El expresidente Gustavo Petro, por su parte, utilizó su cuenta en X para denunciar que las 48 mujeres mencionadas por Ríos Puerta son, en realidad, víctimas de un «enorme abuso de poder» por parte del director del Dapre. Petro afirmó que trabajadoras del Dapre, entre ellas madres cabeza de familia, fueron interrogadas sobre sus preferencias políticas, con participación de funcionarios que parecían pertenecer a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El exmandatario calificó estas acciones como «labor de policía política» sin facultades judiciales y solicitó la intervención de la Procuraduría, así como que el caso sea llevado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la justicia colombiana. Además, Petro reveló que Ríos Puerta y su hermana habrían prestado más de 1.600 millones de pesos a la campaña de Abelardo, sin especificar a cuál candidatura se refería.
«Lo que se denuncia en el Dapre no es política: es intimidación. Mujeres interrogadas, presionadas o amenazadas quizá con perder su empleo para declarar contra Petro. Es abuso de poder puro y una infamia; debe tener consecuencias»
Rosa Yolanda Villavicencio, excanciller
Villavicencio también enfatizó que no se debe usar a las mujeres como instrumento de una guerra política, y exigió protección inmediata, confidencialidad, investigación seria y cero impunidad. En su cuenta de X, sostuvo que el poder no debe emplearse para amedrentar, vigilar preferencias políticas ni convertir a trabajadoras en piezas de una venganza. La Fiscalía General de la Nación, por su parte, ha iniciado una investigación que incluye la citación a declarar a Carlos Ríos Puerta, inspecciones en las instalaciones del Dapre, y la escucha a las exdirectoras Laura Sarabia y Angie Rodríguez.
Este complejo entramado de denuncias y contraacusaciones ha puesto en el centro del debate público el uso del poder y la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito laboral y político. Mientras la Fiscalía avanza en las diligencias, las declaraciones de Villavicencio se suman a las voces que exigen claridad y justicia en un caso que involucra a altos funcionarios del Estado colombiano.
