En un paso significativo para la protección de los contratistas del Estado, el Congreso de Colombia aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 162 de 2026, una iniciativa impulsada por la senadora Nadia Blel Scaff, del Partido Conservador, junto a los congresistas Liliana Benavides Solarte y Luis Eduardo Díaz Mateus. La propuesta busca prohibir el fraccionamiento injustificado de los contratos de prestación de servicios, una práctica que ha generado interrupciones laborales y de pago para miles de personas que trabajan para las entidades públicas. La iniciativa, que ahora continúa su trámite reglamentario, establece que ninguna entidad pública podrá celebrar más de un contrato con una misma persona natural cuando coincidan el contratista, el objeto y la necesidad contractual dentro de una misma vigencia fiscal.
La magnitud del problema es considerable. Según datos de la Contraloría, cerca de 501.423 contratistas se encuentran vinculados mediante esta modalidad, mientras que Colombia Compra Eficiente reportó que entre el 1 de enero de 2020 y el 26 de diciembre de 2026 se suscribieron 4.706.571 contratos por un valor acumulado de 93 billones de pesos. Las cifras también revelan una brecha de género: el 49,9 por ciento de los contratistas son mujeres y el 40,8 por ciento son hombres. Durante 2025, las entidades nacionales celebraron 318.000 contratos de funcionamiento por cerca de 79 billones de pesos, y la cifra nacional superó los 1,3 millones de contratos, lo que evidencia la relevancia de esta modalidad en el funcionamiento del Estado.
Una reforma para la planeación y la continuidad
La exposición de motivos describe casos de personas que prestan sus servicios durante doce meses pero reciben su remuneración solo por siete u ocho, debido a los intervalos entre contratos. Con esta iniciativa, las áreas responsables de preparar los estudios previos deberán proyectar la duración de cada necesidad contractual según el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad, evitando así que se dividan actividades que podían anticiparse en la planeación. La senadora Blel Scaff fue enfática al explicar el espíritu de la norma: «Aprobamos en primer debate nuestro proyecto de ley que prohíbe la fragmentación injustificada de los contratos y promueve una mejor planeación de la contratación pública». En su publicación en redes sociales, la congresista añadió que «por el contrario, pretendemos una mejor planeación, un mejor uso de los recursos públicos y respeto por quienes prestan sus servicios al Estado».
«Detrás de cada contratista hay una persona, una familia y un proyecto de vida»
Senadora Nadia Blel Scaff
La iniciativa también deja claro que no busca modificar la naturaleza jurídica ni temporal de los contratos de prestación de servicios, ni plantea que esta modalidad sustituya empleos públicos. «Con esta iniciativa no buscamos cambiar la naturaleza de los contratos de prestación de servicios ni que se usen para reemplazar empleos públicos», aclaró la senadora. El artículo 3° del proyecto establece que los servidores públicos que desconozcan la prohibición incurrirán en responsabilidad disciplinaria, con sanciones que pueden llegar a la remoción o destitución del cargo, conforme al Código General Disciplinario establecido en la Ley 1952 de 2019.
El debate en torno a la contratación pública también ha puesto sobre la mesa la percepción de los propios contratistas. Un estudio del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario y la Alianza EFI reveló que el 57,6 por ciento de los contratistas aceptaría un empleo asalariado, mientras que el 31,9 por ciento valora la independencia y la flexibilidad que les brinda esta modalidad. Mientras tanto, el contrato de prestación de servicios se mantiene como un acuerdo civil entre contratante y contratista, en el que se realiza una labor determinada a cambio de honorarios, con plena autonomía del contratista, a diferencia de un contrato laboral. Con la aprobación en primer debate, el proyecto de ley continuará su trámite en el Congreso, donde se espera que las discusiones profundicen en los mecanismos para garantizar la continuidad de las tareas del Estado y el bienestar de quienes, con su trabajo, contribuyen al funcionamiento del país.
