El Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicó ante la Secretaría de la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 477 de 2026, bautizado como ‘Ley de Rescate Económico’, que modifica el impuesto sobre la renta para personas naturales a partir del año gravable 2027. La iniciativa, presentada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, reduce el umbral de ingresos a partir del cual se debe pagar impuesto de renta y limita beneficios laborales, lo que en la práctica ampliaría la base de contribuyentes y aumentaría la carga tributaria para quienes ya tributan.
Según el texto del proyecto, el nuevo primer tramo del impuesto comenzaría desde una base gravable mensual de 3.100.000 pesos, frente a los 4.800.000 pesos actuales. Sobre el exceso de ese umbral se aplicaría una tarifa marginal del 9%, mientras que la tarifa máxima del 39% se alcanzaría desde ingresos mensuales de 37.800.000 pesos, una reducción drástica frente al umbral anterior de 135.300.000 pesos. Además, se eliminan los escalones intermedios del 35% y el 37%. En paralelo, el límite anual de la renta exenta laboral baja de 790 UVT (unos 41 millones de pesos) a 630 UVT (alrededor de 33 millones de pesos con la UVT actual), y el techo conjunto de rentas exentas más deducciones se reduce a 61 millones de pesos anuales, en lugar del esquema anterior que permitía descontar hasta el 40% de los ingresos sin exceder 5.800.000 pesos mensuales. También desaparece el beneficio adicional por dependientes de 314.244 pesos mensuales por cada uno (hasta cuatro) que había sido creado en la reforma del gobierno de Gustavo Petro, aunque se mantiene la deducción del 10% con un tope de 1.670.000 pesos mensuales. En total, cerca de siete millones de colombianos declaran renta como personas naturales, y el proyecto apunta a aumentar ese número al bajar el piso de tributación.
Expertos advierten aumento de carga para contribuyentes de altos ingresos
Julio Toro, socio de Toro Asociados, explicó que la reforma implica que los contribuyentes con mayores ingresos podrían enfrentar un impuesto superior. “Antes teníamos 35%, 37% y 39%; ahora esos rangos desaparecen y pasarían todos a 39%”, señaló. En la misma línea, Sebastián Correa, socio de Serrano Martínez CMA, detalló el efecto cascada de la medida: “Hoy en día existe la obligación de pagar impuestos sobre la renta para personas que tienen unos ingresos determinados. Ese valor de ingresos se disminuye y por esa vía se disminuyen los rangos. Es decir, más personas naturales van a pagar impuesto sobre la renta y, a medida que incrementan los ingresos, más rápido se pasa de una tarifa a la otra. Quienes tienen mayores ingresos tienen mayor riesgo de terminar pagando una tarifa de hasta 39%”.
«Esto implica que determinados contribuyentes de mayores ingresos podrían enfrentar un impuesto superior. Antes teníamos 35%, 37% y 39%; ahora esos rangos desaparecen y pasarían todos a 39%»
Julio Toro, socio de Toro Asociados
«Hoy en día existe la obligación de pagar impuestos sobre la renta para personas que tienen unos ingresos determinados. Ese valor de ingresos se disminuye y por esa vía se disminuyen los rangos. Es decir, más personas naturales van a pagar impuesto sobre la renta y, a medida que incrementan los ingresos, más rápido se pasa de una tarifa a la otra. Quienes tienen mayores ingresos tienen mayor riesgo de terminar pagando una tarifa de hasta 39%»
Sebastián Correa, socio de Serrano Martínez CMA
El proyecto también contempla cambios para las empresas. La tarifa corporativa general bajaría del 35% actual al 33% en 2027 y al 31% desde 2028. Sin embargo, las entidades financieras, aseguradoras y comisionistas de bolsa tendrían una sobretasa temporal de cinco puntos, lo que les significaría pagar el 38% en 2027 y el 36% entre 2028 y 2030. Además, se crea el Régimen Ruge, que ofrece una tarifa de renta del 20% durante un máximo de 16 años para inversiones en infraestructura, recursos naturales, energía, industria, economía industrial, agroindustria, servicios o turismo, aunque el articulado no especifica los montos mínimos ni los plazos de ejecución. El texto también menciona efectos sobre el IVA de productos de la canasta familiar, como el café, sin que se hayan detallado aún las modificaciones concretas.
La iniciativa no altera los requisitos para estar obligado a declarar renta (patrimonio bruto superior a 4.500 UVT, ingresos brutos mayores a 1.400 UVT, consumos con tarjeta de crédito por encima de 1.400 UVT, compras y consumos totales superiores a 1.400 UVT, o consignaciones bancarias que excedan 1.400 UVT). El proyecto deberá surtir su trámite en la Cámara de Representantes antes de convertirse en ley, y ha generado un intenso debate entre expertos tributarios, empresarios y sectores políticos sobre el impacto en la clase media y en el recaudo fiscal del país.
