La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales abrió formalmente el ciclo de negociación del salario mínimo para 2027 con una brecha que ronda los treinta puntos porcentuales entre las primeras posturas de los gremios empresariales y la base que plantea la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). En la reunión extraordinaria celebrada a comienzos de octubre de 2026, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, convocó a las centrales sindicales y a los representantes del empresariado a un diálogo que, en sus palabras, “no significa pensar igual; significa escucharnos, concertar y construir sobre nuestras diferencias”. Sin embargo, el escenario que se dibuja es el de una negociación cuesta arriba, pues mientras la CUT, liderada por Fabio Arias, plantea un incremento del 38,5%, el Consejo Gremial Nacional, en voz de su presidenta Natalia Gutiérrez, propone un aumento máximo del 7% sujeto a los datos definitivos de inflación y productividad, y Fenalco, con Jaime Cabal a la cabeza, sostiene que el ajuste no debería superar el 9% si la inflación ronda el 7% y la productividad se ubica entre uno y dos puntos porcentuales.
El contraste de cifras refleja la complejidad de la concertación. El salario mínimo vigente para 2026, que subió 23,7% y quedó en cerca de 1.750.905 pesos mensuales sin auxilio de transporte, sigue siendo objeto de controversia, al punto de que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que fijó ese ajuste. En febrero pasado, la Comisión respaldó mantener el porcentaje, según anunció entonces el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, pero la incertidumbre jurídica persiste y la presidenta de Acopi, María Elena Ospina, condicionó la posición de su gremio al pronunciamiento definitivo del alto tribunal sobre la nulidad del salario de 2026, decisión que, según señaló, podría servir de piso para la nueva negociación. La Ley 278 de 1996 establece que el acuerdo debe alcanzarse antes del 15 de diciembre; de lo contrario, el Gobierno fija el aumento por decreto antes de que concluya el año.
Propuestas en encontradas
La CUT parte de la meta de cerrar la brecha identificada por un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que calcula la distancia entre el salario mínimo actual y el salario mínimo vital en cerca de cincuenta puntos porcentuales. Fabio Arias recordó que el aumento de 2026 logró cerrar aproximadamente dieciocho de esos puntos, por lo que “quedan pendientes entonces 32”, y agregó que ese es el rumbo trazado por el presidente Petro. La cifra del 38,5% que se ha manejado como base inicial surge de sumar la inflación cercana al 6,5% a esos 32 puntos pendientes, aunque el propio Arias aclaró que las organizaciones sindicales todavía deben revisarla internamente. Del lado empresarial, Natalia Gutiérrez advirtió que “un aumento muy por encima de los criterios técnicos empuja a las mipymes a la informalidad y deja por fuera a quienes más necesitan un empleo formal”. Su propuesta del 7% como máximo se alinea con la inflación proyectada para el cierre de 2026, mientras que Jaime Cabal defendió la aplicación de los criterios legales para preservar el poder adquisitivo sin desbordar la economía.
“El salario mínimo en Colombia debe llegar al salario mínimo vital, tal como lo estableció el estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que empezó a aplicar el presidente Petro”.
Fabio Arias, presidente de la CUT
Entre las voces técnicas, el director del Centro Javeriano de Competitividad, Óliver Pardo, sostuvo que el salario mínimo no debería aumentar más del 7%, correspondiente a la inflación proyectada para 2026, y alertó que desde 2022 el mínimo acumuló un crecimiento real del 30% mientras la productividad permaneció prácticamente estancada. Por su parte, el profesor de la Universidad de los Andes Andrés Álvarez aceptó un aumento de hasta 10%, pero siempre que se combine una inflación cercana al 7% con tres puntos de productividad, supuesto que él mismo calificó de generoso, y advirtió que el aumento de 2026 “ha generado presiones no solo inflacionarias, sino también presiones en el gasto público porque el empleo público es un empleo formal y suben sus costos, suben los costos pensionales también y el pasivo pensional colombiano está creciendo”.
El peso de la inflación y la productividad
Los referentes técnicos del ajuste serán la inflación y la productividad laboral. El Dane reportó una inflación anual del 6,29% en septiembre de 2026, que se suma al 5,1% registrado en 2025; el Banco de Bogotá estima que el cierre de 2026 se ubicará en 6,8% y proyecta un incremento salarial posible del 8%, que llevaría el mínimo a cerca de 1.890.000 pesos, o incluso del 8,5% si se considera que el primer aumento real de cada gobierno suele ser inferior al último de su periodo, escenario en el que la inflación para 2027 cerraría en 5,2%. Los gremios y los analistas coinciden en que la productividad, cuyo dato oficial se conocerá el 30 de noviembre, será determinante. Mientras la propuesta empresarial oscila entre el 7% y el 10%, la sindical parte del 38,5%, lo que en dinero significa una diferencia de unos 525.000 pesos al mes o 17.500 pesos diarios. Juan Pablo López, socio de la firma de derecho laboral López & Asociados, señaló que “la planeación financiera de lo laboral será cada día más exigente”, en un contexto que además incluye cambios como la jornada de 42 horas semanales desde julio de 2026 y el recargo por trabajo dominical y festivo que subirá de 90% a 100% a partir de julio de 2027.
“Si la inflación ronda el 7% y la productividad debe estar entre el uno y el dos, el salario mínimo no debería superar el 9%”.
Jaime Cabal, presidente de Fenalco
La amplitud de la brecha inicial y la incertidumbre jurídica que rodea al salario de 2026 configuran un panorama en el que el consenso parece lejano. Expertos advierten que la distancia entre las posiciones puede ser suficiente para que la inflación siga sin controlarse y el empleo formal continúe deteriorándose. El Gobierno, a través de la ministra López, insistió en la importancia del diálogo tripartito, pero no ocultó que, si no se logra un acuerdo antes del 15 de diciembre, deberá fijar el incremento por decreto. Mientras tanto, los colombianos que dependen del salario mínimo esperan que la concertación no se traduzca en otro año de tensiones y que el aumento final logre equilibrar la recuperación del poder adquisitivo con la sostenibilidad del empleo formal.
