Campesinos beneficiarios de la entrega provisional de la hacienda La Alquería, en la zona rural de Valledupar, denunciaron que antiguos trabajadores del predio, vinculados al ganadero Hugues Manuel Rodríguez Fuentes —conocido con el alias de ‘Comandante Barbie’—, adelantan una presión constante para que abandonen las tierras que les fueron adjudicadas. La finca, de 466 hectáreas y ubicada a unos ocho kilómetros de la capital cesarense por la vía que conduce a Bosconia, fue entregada en mayo de 2026 por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a dos organizaciones campesinas, aunque la titulación formal sigue pendiente y la resolución que certifica la entrega data del 6 de agosto.
Según los denunciantes, los trabajadores que permanecen en el predio les transmiten mensajes directos sobre su permanencia en el terreno, les piden no sembrar ni invertir y les advierten que serán sacados. A ello se suma que el ganado de los antiguos ocupantes ha dañado los cultivos que las familias han comenzado a levantar. La presión es casi diaria, explican, porque esos trabajadores cruzan La Alquería para llegar a otra finca donde mantienen reses, de modo que el tránsito por el territorio adjudicado se convirtió en el canal por el que circulan las advertencias.
“Ese predio el patrón no se lo va a dejar quitar”
Guillermo Pérez Rangel, representante de una de las asociaciones campesinas beneficiarias, fue quien puso nombre y apellido a la amenaza. “Esos trabajadores no son cualquier persona; son gente que fueron paramilitares”, afirmó al describir a quienes permanecen en la hacienda. De acuerdo con su relato, los mensajes que reciben los beneficiarios son explícitos: “Dejen de perder el tiempo ahí; de ahí los van a sacar y ese predio el patrón no se lo va a dejar quitar”.
La advertencia no es la única. Un líder de la segunda asociación beneficiaria, cuya identidad se mantiene reservada, coincidió en que la intención que se les transmite es que “el predio les será retirado”. Otro líder comunitario citado por la Revista Raya resumió la situación de las familias que insisten en quedarse: “Estamos haciendo vida campesina, que es lo que sabemos hacer”. Pese a la insistencia, el temor ya cobró efecto: algunas familias dejaron de regresar al predio.
Las dos organizaciones favorecidas con la entrega son la Asociación de Campesinos y Comunidades Sin Tierra del Cesar y la Asociación de Mujeres Rurales de Tierras Nuevas. En los terrenos ya se ven cultivos de plátano, yuca, ajonjolí y auyama, sembrados por las familias que decidieron quedarse a pesar de las presiones.
Una finca marcada por el paramilitarismo y el lavado de activos
La historia de La Alquería explica, en parte, por qué los campesinos identifican a los trabajadores que los presionan. Rodríguez Fuentes adquirió el predio en mayo de 2002 por 420 millones de pesos y dos años después lo transfirió a Inversiones Rodríguez Fuentes e Inversiones Guatapurí por 1.244 millones de pesos. Su avalúo comercial actual ronda los 6.500 millones de pesos. En 2007 la Fiscalía afectó el inmueble con extinción de dominio por lavado de activos y desde entonces pasó por la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes y luego por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) antes de incorporarse al proceso de Justicia y Paz.
El ganadero fue condenado en Colombia a nueve años de prisión por promover grupos paramilitares, sentencia confirmada en 2008 y en firme en 2011, aunque no ha cumplido la pena en el país porque viajó a Estados Unidos, se entregó en 2008 y allá aceptó cargos por lavado de activos. En 1996 participó en reuniones de ganaderos y comerciantes en las que se discutió la entrada de las Autodefensas Unidas de Colombia al Cesar y creó la Convivir Salguero, de la que quedó al mando Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. Testimonios recogidos en Justicia y Paz señalan además que paramilitares salieron de la finca El Carmen, propiedad de Rodríguez, para perpetrar la masacre de la parcelación El Prado, en La Jagua de Ibirico, en mayo de 2002. Pérez Rangel sostiene, incluso, que La Alquería funcionó como campamento paramilitar y que desde allí partieron buses con combatientes para una desmovilización.
En noviembre de 2024, durante una diligencia de secuestro del predio, las autoridades hallaron más de 620 cabezas de ganado. Ese mismo año, Salvatore Mancuso postuló La Alquería y el predio Caja de Ahorros al Fondo para la Reparación de las Víctimas, al que la finca fue postulada en 2024 tras la extinción de dominio por lavado de activos. La entrega material a las comunidades, sin embargo, solo se concretó en mayo de 2026.
El debate que puso sobre la mesa los vínculos empresariales
El caso escaló a la arena política el 27 de octubre de 2026, cuando en un debate de control político el senador Iván Cepeda expuso documentos sobre presuntos vínculos empresariales entre el entorno de Rodríguez Fuentes y el presidente Abelardo de la Espriella. Según lo presentado por el congresista, el 40 por ciento de los depósitos de capitalización de Dominio de la Espriella provendría de personas y sociedades vinculadas al círculo del ganadero condenado. Cepeda señaló también que Elisa Rodríguez Fuentes, hermana de Rodríguez, tiene una participación del 3 por ciento en De La Espriella SAS, mientras que Montejoreb Group cuenta con un 9 por ciento de la compañía.
«Tiene nexos probados con narcotraficantes ligados al despojo de tierras, la gran minería y el narcoterrorismo»
Iván Cepeda, senador
El senador fue más allá en sus señalamientos: “El señor De la Espriella es socio de narcotraficantes, detenta bienes comprados a narcotraficantes y defiende a narcotraficantes desde el Gobierno Nacional”. Cepeda anunció que promoverá acciones penales y remitirá la información a las autoridades de Estados Unidos. El presidente no se ha pronunciado sobre estas acusaciones. Reportes de prensa han documentado, además, que De la Espriella actuó como apoderado de Inversiones Rodríguez Fuentes, de María Consuelo Pavajeau —esposa de Rodríguez— y de Carlos Juan Olivella Pavajeau —su hijastro— en una acción popular relacionada con los daños ambientales de la mina El Hatillo. Los hijastros del ganadero, Carlos Juan Olivella y Jaime Luis Olivella, aparecen mediante empresas vinculadas a Invercopy Caption, mientras que los hijos María Lucía Rodríguez Pavajeau y Hughes Manuel Rodríguez Pavajeau participaron en la asamblea de accionistas de Montejoreb Group.
Mientras la discusión política avanza en Bogotá, en la vereda la vida sigue marcada por la incertidumbre. Los campesinos de La Alquería sostienen que la entrega provisional de la ANT les dio un respaldo jurídico, pero no la tranquilidad necesaria para invertir en la tierra que les fue adjudicada. Con la titulación formal aún pendiente y las presiones de los trabajadores del antiguo propietario como telón de fondo, las familias insisten en que su intención no es otra que sembrar y permanecer, aunque cada día que pasa el mensaje que llega desde el otro lado del alambrado sea el mismo: que el predio, tarde o temprano, les será retirado.
