Al menos 19 personas murieron en un presunto bombardeo ejecutado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) contra un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado Apure, en la frontera entre Venezuela y Colombia. La operación, ocurrida el viernes 30 de octubre, se habría llevado a cabo en el sector Buena Vista del Meta, ubicado en el municipio Pedro Camejo, y representa un hecho sin precedentes por el uso de drones y aviones K-8 por parte del Ejército venezolano. Así lo denunció la organización no gubernamental Fundaredes, cuyo coordinador regional, Juan Francisco García, señaló que esta acción militar responde a una posible ruptura o cambio en la relación entre sectores del Estado venezolano y esa guerrilla colombiana.
Según la información recabada por Fundaredes, nueve de los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a San Fernando de Apure, mientras que los otros diez permanecen en el área de la operación. El número de heridos no ha sido precisado, aunque se reportó que un grupo indeterminado de ellos habría cruzado hacia Colombia para recibir atención médica. La ONG también alertó que durante los 40 días previos al bombardeo se detectaron movimientos militares inusuales en la zona, y que en las áreas fronterizas se han identificado al menos 16 pistas de aterrizaje que habrían sido utilizadas para actividades ilícitas.
«Es la primera vez que el ejército venezolano utiliza drones para una operación militar»
Juan Francisco García, coordinador regional de Fundaredes
García calificó la relación histórica entre las autoridades venezolanas y los grupos armados colombianos como un «clima absoluto de complicidad histórico que le ha permitido a estos grupos operar en Venezuela con total impunidad». No obstante, advirtió que la dimensión del ELN en el territorio venezolano es mucho mayor de lo que se ha informado oficialmente. La ONG Fundaredes ha documentado durante años la presencia y permisividad del Estado venezolano con el ELN y las disidencias de las FARC en la frontera, especialmente en el sector Buena Vista del Meta, que funcionaba como retaguardia y punto de acopio de cocaína.
Hasta el momento no ha habido una versión oficial del gobierno de Nicolás Maduro ni de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sobre lo ocurrido. La analista Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, consideró que esta operación podría implicar un cambio en la doctrina militar venezolana y aumentar los riesgos para la población civil, incluyendo posibles desplazamientos forzados. Según San Miguel, la utilización de drones y aviones K-8 representa una escalada que transforma el tradicional modus operandi de las fuerzas castrenses venezolanas en la zona fronteriza.
De acuerdo con Fundaredes, la operación se habría realizado con información de inteligencia proporcionada por Estados Unidos. No se pudo confirmar si entre los fallecidos se encuentra alias Silvana Guerrero, una de las dirigentes del ELN que operaba en la región. El analista consultado por la ONG señaló que las estructuras armadas tienen influencia en municipios como Páez, La Victoria, El Amparo y El Nula, todos en el estado Apure. La situación sigue siendo incierta, mientras organizaciones de derechos humanos piden una investigación independiente que esclarezca los hechos y garantice la protección de la población civil en una zona históricamente golpeada por la violencia.
