Restrepo alerta: default en 2027 si no se aprueba Ley de Rescate

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El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, lanzó una advertencia que ha encendido las alarmas en el panorama económico del país. En una entrevista con Noticias Caracol, el funcionario afirmó que, si el Congreso no aprueba la Ley de Rescate Económico presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, la nación podría entrar en default, es decir, en cesación de pagos, para el año 2027. “Si no hacemos nada, el próximo año, o sea, en 2027, vamos a entrar en default”, sentenció Restrepo, quien acompañó la declaración del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, al calificar la situación como “una cosa explosiva”. El plan de ajuste fiscal, denominado Ley de Rescate Económico, busca un recorte de $90 billones hasta 2030, equivalente al 4,7% del PIB, y se sustenta en recortes de gasto, reducción de burocracia, venta de activos improductivos y cambios tributarios.

El origen de esta crisis, según Restrepo, se remonta a la administración anterior, la de Gustavo Petro, que habría elevado la deuda pública de $800 billones a los actuales $1.200 billones. A esto se suma que el déficit fiscal, que inicialmente se proyectaba en 4,5% del PIB, fue corregido a más de 7%, y sin una reforma podría acercarse al 10% del PIB. El servicio de la deuda ya consume uno de cada tres pesos recaudados por impuestos, y de no tomarse medidas, podría llegar a absorber uno de cada dos pesos en un año y medio. Las consecuencias de no actuar serían nefastas: más de un millón de personas caerían en la pobreza y se perderían más de 500.000 empleos.

«No va a haber con qué pagar la deuda»

José Manuel Restrepo, Vicepresidente de Colombia

Medidas de austeridad y reforma tributaria

El plan contempla un ajuste fiscal ambicioso, donde el 70% del esfuerzo recaería sobre el Estado, es decir, unos $63 billones. Entre las medidas de austeridad más llamativas se incluye la reducción del 50% de los contratos por prestación de servicios y un recorte del 20% de la nómina estatal. En el frente tributario, el IVA subiría del 5% al 19% en productos con tarifa reducida. No obstante, Restrepo rechazó que se trate de una reforma tributaria convencional y la presentó como una iniciativa integral con componentes sociales, fiscales, económicos y de salud. “Uno de cada diez va a pagar el 97% de lo tributario de esta reforma”, explicó el vicepresidente, sugiriendo que el grueso del impacto recaerá sobre los hogares de mayores ingresos.

La devolución del IVA, que beneficiaría a 19 millones de personas y de forma parcial a otros 16,5 millones, entraría en vigor el 1 de enero de 2028, con un año previsto para ampliar el uso de la factura electrónica. Este mecanismo dependerá del registro de la cédula al momento de realizar compras gravadas. Por otro lado, la eliminación o modificación de ministerios no haría parte inmediata del proyecto, ya que requeriría una ley orgánica, aunque parte de las medidas se implementarían a través de artículos en el Plan Nacional de Desarrollo y decisiones por decreto. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, se mostró dispuesto a analizar propuestas alternativas para reducir el gasto, pero fue contundente: “No podemos no hacer el ajuste, a menos de que queramos ir a una crisis”.

«No podemos no hacer el ajuste, a menos de que queramos ir a una crisis»

Miguel Gómez Martínez, Ministro de Hacienda

Un plan con blindaje fiscal y resistencias políticas

El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha presentado la Ley de Rescate Económico al Congreso, donde se espera una fuerte resistencia, especialmente frente a las medidas tributarias. El objetivo declarado es recuperar la disciplina fiscal y evitar que futuras administraciones incrementen el endeudamiento sin mecanismos de control. El plan incluye también la venta de activos improductivos bajo administración de entidades como la Sociedad de Activos Especiales. Para Restrepo, la situación es clara: “No va a haber con qué pagar la deuda”. Con un panorama fiscal tan ajustado, el Gobierno apuesta por un ajuste drástico que, según sus cálculos, podría evitar una crisis de proporciones históricas, aunque el debate en el Congreso y en la opinión pública apenas comienza.

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