El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, radicó ante el Congreso un mensaje de urgencia e insistencia con el que busca acelerar el trámite del Proyecto de Ley 477 de 2026, iniciativa con la que el Gobierno pretende expedir la llamada Ley de Rescate Económico. La solicitud fue dirigida al presidente del Senado, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, y al presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Antonio Barguil Cubillos, así como a los titulares de las comisiones económicas de ambas corporaciones, que son las encargadas de estudiar de fondo la propuesta. Con este paso, el Ejecutivo activa el mecanismo constitucional que le permite imprimir prioridad al debate legislativo y poner sobre la mesa, con plazos perentorios, su paquete de ajuste fiscal y reformas tributarias.
La decisión se sustenta en el artículo 163 de la Constitución Política y en los artículos 183 y 191 de la Ley 5 de 1992, normas que regulan la urgencia y la insistencia en el trámite de los proyectos de ley. El mensaje establece un plazo constitucional de treinta días para que el Congreso decida sobre la iniciativa, habilita a las comisiones económicas de Senado y Cámara para sesionar de manera conjunta y otorga prelación al proyecto en el orden del día, de modo que otros asuntos quedan excluidos hasta tanto se resuelva sobre la propuesta. Se trata, en la práctica, de una herramienta que reduce los tiempos ordinarios del legislativo y obliga a las células legislativas a concentrarse en la iniciativa del Gobierno.
El argumento fiscal detrás de la urgencia
El sustento de la solicitud es el deterioro de las finanzas públicas colombianas. El Ejecutivo advierte una situación fiscal compleja, caracterizada por un desequilibrio entre ingresos y gastos, un crecimiento sostenido del déficit fiscal y de la deuda pública hasta niveles históricamente elevados. En ese diagnóstico, la carga financiera del Estado se vuelve cada vez más pesada: actualmente uno de cada tres pesos recaudados por impuestos se destina al pago de la deuda pública. Las proyecciones que acompañan la iniciativa son aún más severas, pues para 2031 la proporción sería de uno de cada dos pesos y para 2037 casi la totalidad de los ingresos tributarios estaría comprometida con obligaciones financieras, si no se adoptan medidas correctivas. El Gobierno sostiene, además, que de no aprobarse el paquete se materializaría una crisis fiscal con consecuencias económicas y sociales difíciles de revertir.
Alivio para los hogares y ajuste del gasto
El proyecto también promete efectos directos sobre el bolsillo de los colombianos. Según los cálculos del Ejecutivo, más de 35,2 millones de personas podrían incrementar su ingreso disponible, mientras que 18,9 millones de ciudadanos en condición de pobreza o vulnerabilidad quedarían sin la carga del pago del IVA. El 68 por ciento de la población de menores ingresos resultaría beneficiada y cerca de 929.000 personas saldrían de la pobreza monetaria moderada. En cuanto a la composición del ajuste, el 70 por ciento provendría de la racionalización y la eficiencia del gasto público, y el 30 por ciento restante del fortalecimiento de los ingresos, el crecimiento económico y la inversión privada. El Gobierno insiste en que la reducción del tamaño del Estado y la disminución del gasto son los componentes principales de su estrategia.
EfectIVA, renta corporativa y lucha contra la evasión
La Ley de Rescate Económico incorpora además una serie de reformas tributarias que van desde la creación de EfectIVA, un mecanismo diseñado para que la carga del IVA recaiga principalmente en las personas de mayor capacidad económica, hasta la revisión de beneficios tributarios, el fortalecimiento del recaudo y la reducción de ventajas fiscales que hoy favorecen a los hogares de mayores ingresos. En materia de crecimiento, el proyecto plantea la reducción de la tarifa general del impuesto de renta corporativo, la atracción de inversión extranjera y nuevos incentivos a la inversión privada. A ello se suman cambios en las normas presupuestales y de endeudamiento de las entidades territoriales y el fortalecimiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en su lucha contra el contrabando y la evasión tributaria.
Con la radicación del mensaje de urgencia e insistencia, el presidente de la Espriella traslada la presión al Congreso y deja al legislativo ante una disyuntiva de calendario: tramitar el Proyecto de Ley 477 de 2026 en el plazo de treinta días que fija la Constitución o asumir la responsabilidad política de su demora, mientras el Ejecutivo alerta sobre el impacto de una deuda pública que amenaza con absorber los ingresos tributarios de la Nación en la próxima década.
