El Ministerio de Salud aclaró de manera oficial que el giro directo de recursos a hospitales, clínicas y demás prestadores de servicios de salud no se suspenderá ni se aplazará, pese a que la entrada en vigencia del nuevo mecanismo de reporte de información —previsto en la Resolución 1809 de 2026— fue postergada hasta el 3 de mayo de 2027. La cartera sanitaria precisó que el aplazamiento establecido mediante la Resolución 2493 del 29 de octubre de 2026, publicada al día siguiente, amplía en seis meses el plazo que originalmente vencía el 1 de noviembre de 2026, pero no toca el flujo de los recursos que financian la operación del sistema.
La precisión resulta relevante en un contexto en el que el sector salud sigue de cerca cualquier anuncio relacionado con el pago de servicios, luego de episodios de tensión por las carteras entre EPS, prestadores y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Por eso el Ministerio fue enfático al señalar que lo que se modificó es exclusivamente el calendario para que las EPS implementen el nuevo sistema de reporte ante la Adres, mientras que durante la transición los pagos continuarán ejecutándose con los procedimientos y las plataformas que hoy están habilitados.
Qué cambia y qué no con la Resolución 2493
El nuevo mecanismo, contenido en la Resolución 1809 de 2026, busca fortalecer el reporte de información, la identificación de los beneficiarios y el seguimiento de los recursos asociados a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y a los Presupuestos Máximos, a través de un sistema de información que permita mayor trazabilidad sobre el destino de los dineros del sistema. Su puesta en marcha exigía que las EPS adecuaran sus plataformas para registrar operaciones y transmitir datos financieros con nuevos estándares, algo que los actores del sector advirtieron que no estaría listo en la fecha inicialmente prevista.
Las solicitudes presentadas por distintos actores del sistema de salud, que alegaron la necesidad de ajustes tecnológicos y operativos en sus sistemas de información, fueron el motivo del aplazamiento. Entre las adecuaciones pendientes figuran la adaptación de los sistemas para reportar facturas electrónicas y los valores contractuales de los acuerdos suscritos bajo modalidades de capitación y de Pago Global Prospectivo (PGP), procesos que requieren coordinación entre el Ministerio de Salud, la Adres y las dependencias tecnológicas para revisar flujos de información, reglas de procesamiento, trazabilidad y pruebas funcionales antes de la entrada en operación.
«Es importante precisar que no se aplazan ni se suspenden los pagos. Durante este periodo, el giro directo continuará realizándose mediante los procedimientos y plataformas actualmente habilitados»
Ministerio de Salud
La cartera insistió en que la ampliación del plazo corresponde al nuevo sistema de reporte y no al giro directo de los recursos de la salud, mecanismo mediante el cual se realizan los pagos a prestadores y proveedores y que se mantendrá sin interrupciones durante los seis meses adicionales. La Resolución 2493 establece de manera expresa que, durante el nuevo plazo, se conservarán los procedimientos actuales que permiten efectuar los giros, de modo que hospitales y clínicas continúen recibiendo los recursos con normalidad mientras las EPS completan la adaptación de sus plataformas al sistema de información que comenzará a regir el 3 de mayo de 2027.
«La ampliación del plazo corresponde al nuevo sistema de reporte, no al giro directo de los recursos de la salud»
Ministerio de Salud
Con esta aclaración, el Ministerio de Salud busca despejar las inquietudes de prestadores y proveedores que temían un posible freno en los desembolsos, al tiempo que otorga a las EPS un margen de seis meses para culminar las pruebas técnicas y operativas que exige el nuevo modelo de reporte. La entidad reiteró que el seguimiento a los recursos de la UPC y de los Presupuestos Máximos seguirá fortaleciéndose a través del sistema de información que entrará en vigencia en mayo de 2027, sin que ello implique afectación alguna en el flujo financiero que sostiene la atención en salud de los colombianos.
