Tras un maratónico debate de más de 12 horas, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en su último debate la Ley de Sometimiento impulsada por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella
Al acoger exactamente el mismo texto aprobado previamente por el Senado, el proyecto elude la fase de conciliación y pasa directamente a sanción presidencial para convertirse en ley de la República.
La iniciativa marca un giro radical en la política de seguridad y justicia del país, sepultando definitivamente el marco normativo de la «Paz total» del gobierno anterior. Con esta nueva legislación, el Ejecutivo busca desarticular las estructuras criminales de alto impacto bajo un modelo punitivo estricto, eliminando las concesiones políticas y territoriales.
El debate en la Cámara baja superó un obstáculo clave luego de que su presidente, Nicolás Barguil, trasladara ágilmente las recusaciones presentadas a la Comisión de Ética, destrabando la votación y permitiendo la aprobación del articulado.
Claves del nuevo marco penal
- Extradición y capturas inamovibles: La ley prohíbe expresamente la suspensión de órdenes de captura y de solicitudes de extradición durante la fase de acercamiento y desmovilización de los grupos armados.
- Cumplimiento en cárceles ordinarias: Se elimina la posibilidad de crear zonas de concentración o sitios de reclusión con condiciones flexibles. Las penas deberán purgarse en centros penitenciarios bajo el control exclusivo y ordinario del Inpec.
- Reparación material: Quienes se sometan a la justicia están obligados a entregar el inventario absoluto de sus bienes, los cuales pasarán a un fondo destinado prioritariamente a la reparación integral de las víctimas.
- Cero participación política: Los beneficios penales no eximen de las responsabilidades civiles; los desmovilizados quedan inhabilitados para aspirar a cualquier cargo de elección popular.
- Reducción de penas por trabajo: Se habilita un mecanismo de descuento punitivo de un día de rebaja por cada jornada trabajada, estrictamente condicionado a labores de justicia restaurativa, erradicación manual de cultivos ilícitos o desminado humanitario. El acceso a la libertad condicional requerirá un mínimo de 6 años de cumplimiento efectivo.
Con el trámite legislativo agotado en el Congreso, el documento será enviado hoy mismo al despacho del presidente De la Espriella, quien deberá sancionar y promulgar la ley en los próximos días para su entrada en vigencia inmediata.
sos/
