La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio un paso histórico en la investigación de los crímenes cometidos contra menores durante el conflicto armado colombiano al llamar a imputación a nueve exintegrantes de las extintas FARC-EP, entre ellos la máxima cúpula de la guerrilla: Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko; Jaime Alberto Parra; Pablo Catatumbo; Pastor Alape y Julián Gallo, también conocido como Carlos Lozano. Todos son señalados por su presunta máxima responsabilidad en la implementación de un sistema de coacción y castigos sistemáticos contra los niños y niñas que fueron reclutados forzosamente por la organización.
La decisión de la JEP, enmarcada en el Caso 07, que investiga el reclutamiento de menores, se sustenta en las entrevistas realizadas a 214 víctimas. La Sala de Reconocimiento identificó dos patrones de violencia claramente diferenciados: por un lado, las agresiones vinculadas al denominado «régimen interno» de la guerrilla, consistente en castigos, torturas y ejecuciones sumarias como los fusilamientos; y por otro lado, las violencias reproductivas sufridas por las niñas, que incluyeron anticoncepción y abortos forzados. La magistrada Lily Rueda, de la Sala de Reconocimiento de la JEP, fue contundente al afirmar que «estos no fueron hechos aislados», describiendo el entorno al que fueron sometidos los menores como un «entorno de coacción permanente».
Los patrones de violencia contra los menores
La investigación reveló detalles escalofriantes sobre el día a día de los menores en las filas de las FARC-EP. Los testimonios recogidos describen un sistema disciplinario brutal que excedía la capacidad física de los niños y niñas. Las sanciones incluían trabajos forzados como transportar leña, abrir trincheras o cocinar; aislamiento, agresiones físicas, humillaciones públicas y, en los casos más extremos, fusilamientos. Los menores eran castigados por acciones cotidianas como intentar contactar a sus familias, comer sin autorización o incluso negarse a participar en actos de tortura contra otros combatientes. La magistrada Rueda señaló que los procedimientos disciplinarios, conocidos como consejos revolucionarios de guerra, no respetaban garantías básicas como el derecho a la defensa, imponiendo sanciones que resultaban desproporcionadas para su edad.
Además de los malos tratos y las ejecuciones, el caso visibiliza una dimensión de violencia específica contra las niñas reclutadas. La JEP documentó casos de anticoncepción y abortos forzados, una práctica que se inscribía dentro del control total que la guerrilla ejercía sobre los cuerpos y las vidas de los menores. Estas violencias reproductivas se suman a un cuadro de abusos sistemáticos que la magistrada Rueda calificó como parte de un «régimen interno» de castigos que no admitía excepciones. La imputación contra los nueve exintegrantes de las FARC-EP, incluyendo a su cúpula dirigente, representa un avance significativo en la búsqueda de justicia para las 214 víctimas que prestaron su testimonio y para todas las que sufrieron en silencio durante décadas de conflicto.
