La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que Deisy Dorelly Guanaro Chavita, funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y sobreviviente del reclutamiento forzado por parte de las extintas Farc, calificara como una “falta de respeto” la decisión del tribunal de conceder una audiencia virtual a la exguerrillera y exsenadora Sandra Ramírez, en el marco del caso 07 que investiga el reclutamiento y uso de menores en el conflicto armado.
La audiencia virtual se realizó el pasado miércoles 4 de noviembre de 2026 y estaba programada para que Ramírez, quien fue integrante de las Farc y actualmente milita en el partido Comunes, respondiera por los hechos que se le imputan en el caso 07. Sin embargo, para Guanaro, quien fue víctima directa de Ramírez, la modalidad virtual representa un agravio a las víctimas que esperan justicia presencial. “No hay derecho. Que la JEP le conceda una audiencia virtual a Sandra Ramírez es una falta de respeto con las víctimas. Después de tantos años esperando, lo mínimo es que dé la cara”, expresó la funcionaria, visiblemente consternada.
Guanaro fue reclutada a los 10 años por el frente 28 de las Farc, cuando la guerrilla se llevó primero a dos de sus hermanos adolescentes, a quienes nunca más volvió a ver. Ella llegó a un campamento donde se encontraban cerca de 40 niños y niñas de distintas veredas, y allí fue sometida a todo tipo de vejámenes. Apenas ocho días después de su llegada, fue violada por un guerrillero adulto. También fue obligada a desfilar frente a comandantes como Sandra Ramírez y Pablo Catatumbo. En su relato, Guanaro asegura que Catatumbo la escogió para someterla a abusos sexuales repetidos. Además, denunció que le fue implantado a la fuerza un dispositivo intrauterino cuando aún no había comenzado su desarrollo físico.
La víctima fue enviada a un combate junto a otros 15 niños, quienes fueron usados como escudos humanos. Logró ser recuperada por el Ejército colombiano en 2001 y desde entonces ingresó al sistema de protección estatal. Recibió atención médica y psicológica, y se reencontró con sus padres, aunque el horror no terminó ahí, pues las Farc la amenazaron y fue desplazada nuevamente. Hoy, en 2026, Guanaro regresó al ICBF como funcionaria, donde acompaña a niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento y abuso, labor que la ha llevado a alzar la voz contra la impunidad.
“Yo fui víctima directa de Sandra Ramírez”, afirmó Guanaro, quien presentó una denuncia formal ante la JEP y mencionó a Pablo Catatumbo en su testimonio. La exsenadora, que en marzo de 2026 ocupaba la vicepresidencia de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Senado, fue citada por la JEP el pasado 18 de septiembre para responder por estos hechos, y la audiencia virtual del 4 de noviembre fue la materialización de esa comparecencia. Para la sobreviviente, sin embargo, el formato virtual resta seriedad al proceso y profundiza la herida de quienes esperan justicia de frente.
“Yo no quiero ver más niños reclutados, porque yo fui una niña de esas”
Deisy Dorelly Guanaro Chavita, funcionaria del ICBF y víctima de reclutamiento forzado
El caso 07 de la JEP busca esclarecer el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de las antiguas Farc-EP. La decisión de permitir la comparecencia virtual de Sandra Ramírez ha generado un fuerte rechazo entre las víctimas, que consideran que los perpetradores deben rendir cuentas en persona, sobre todo cuando se trata de delitos tan graves como el reclutamiento forzado y la violencia sexual contra menores. Mientras tanto, Deisy Guanaro continúa su lucha desde el ICBF, trabajando para que ninguna otra niña o niño tenga que vivir el infierno que ella padeció.
