La fiscal Silvana Uribe protagonizó un escándalo judicial en el municipio de Anserma, Caldas, al presentarse en aparente estado de embriaguez a una audiencia de discusión de medida de aseguramiento, ocurrida en julio de 2026 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de esa localidad. La funcionaria, que actuaba como fiscal no concurrente en el proceso contra una procesada identificada como Sandra, mostró evidentes dificultades para vocalizar, empleó un lenguaje inapropiado y llegó a admitir que había ingerido licor, lo que generó el inmediato rechazo del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.
Durante la diligencia, la fiscal Uribe se dirigió a la jueza con expresiones como «bandidos, marica» y afirmó textualmente: «Imagínese. Salimos a beber. ¿Quiere que le diga una cosa? Sí, señor juez de segunda instancia. El pronunciamiento de la juez de primera instancia fue una decisión ajustada a derecho». La procesada, Sandra, interrumpió la intervención para quejarse del estado de la fiscal: «Me parece una falta de respeto con la señora fiscal porque ella está borracha. Y yo como ser humano merezco respeto. Así yo esté en cárcel o en un calabozo, yo merezco respeto. Y la señora fiscal está borracha». Ante la situación, la jueza intentó en varias ocasiones detener la participación de la fiscal, indicándole: «Doctora, doctora, disculpe, la interrumpo, doctora. Yo creo, pues, que en este momento usted no está como en condiciones de terminar la intervención, con todo respeto», y finalmente dio por terminada la audiencia argumentando que la funcionaria no se encontraba en condiciones de continuar ejerciendo su labor.
La difusión de un video con los hechos llevó al Colegio de Abogados Penalistas de Colombia a pronunciarse a través de su cuenta en X, calificando la situación como «absolutamente lamentable presentarse a una audiencia en estas condiciones». En su comunicado, la organización señaló que «tenemos la certeza, que si se tratara del Abogado defensor, ya estaría suspendido», e instó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Fiscalía General de la Nación a tomar las medidas del caso. La jueza, por su parte, explicó que se había permitido a la fiscal exponer su punto, pero las condiciones le impedían ejercer debidamente su rol, en una «situación particular» que puso en riesgo la solemnidad del proceso judicial.
