La exguerrillera de las Farc Sandra Ramírez compareció de manera virtual ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el miércoles 4 de noviembre de 2026, en el marco del Caso 07 que investiga el reclutamiento de menores y la violencia sexual cometidos por esa guerrilla durante el conflicto armado. La diligencia de versión libre, que estaba inicialmente programada de forma presencial, se realizó a distancia luego de que la JEP aceptara el argumento de «riesgo extremo de seguridad» para la excombatiente, una decisión que generó fuertes críticas por parte de víctimas y sectores políticos.
La audiencia, que debía celebrarse en la sede física de la JEP en la Torre Squadra, fue modificada a última hora pese a que la misma magistrada Lily Rueda había mantenido la citación presencial. Ramírez había solicitado un aplazamiento, pero la jurisdicción optó por permitir la modalidad remota alegando que no estaban dadas las condiciones de seguridad para su presencia física. Este cambio desató una ola de indignación entre representantes de víctimas y opositores, quienes cuestionaron la inversión de 160 mil millones de pesos en el arriendo del edificio que, según se argumentó, debía garantizar precisamente la protección de todos los comparecientes.
Críticas cruzadas por el costo y los privilegios
La senadora del Centro Democrático María Clara Posada, quien ha liderado una investigación sobre las finanzas de la JEP, señaló la contradicción entre el desembolso millonario y la decisión de la magistratura. «Raro, considerando que una de las razones por las que hemos pagado 160 mil millones de pesos en el arriendo de Torre Squadra es que el edificio garantizaba las condiciones de seguridad a los comparecientes», afirmó la congresista, poniendo en duda la justificación del riesgo extremo.
«Raro, considerando que una de las razones por las que hemos pagado 160 mil millones de pesos en el arriendo de Torre Squadra es que el edificio garantizaba las condiciones de seguridad a los comparecientes»
María Clara Posada, senadora del Centro Democrático
El mayor general retirado Álvaro Pérez Durán también se sumó a las críticas con un tono aún más duro. «¡Qué conveniente! Para Sandra Ramírez: ‘riesgo extremo’, protección y consideraciones especiales. Para las víctimas: otra vez esperar y quedar en segundo plano. Los victimarios andan con escoltas, pero la JEP insiste en protegerlos aún más. Como siempre, las víctimas son las que terminan perdiendo. ¡Qué indignación!», expresó el oficial en retiro, reflejando el sentir de quienes consideran que el sistema de justicia transicional privilegia a los perpetradores.
«¡Qué conveniente! Para Sandra Ramírez: ‘riesgo extremo’, protección y consideraciones especiales. Para las víctimas: otra vez esperar y quedar en segundo plano. Los victimarios andan con escoltas, pero la JEP insiste en protegerlos aún más. Como siempre, las víctimas son las que terminan perdiendo. ¡Qué indignación!»
Álvaro Pérez Durán, mayor general retirado
El testimonio de una víctima que se niega a callar
Una de las voces más contundentes fue la de Deisy Dorelli Guanaro, representante de víctimas y ella misma víctima de reclutamiento forzado por las Farc cuando era niña. Guanaro, que ha denunciado públicamente a Sandra Ramírez, calificó la decisión de «leguleyada». «Casi diez años con un robusto esquema de seguridad y ahora resulta que no puede dar la cara a las víctimas», dijo, visiblemente indignada. En su intervención, la mujer aseguró que a pesar de las amenazas de muerte e intimidaciones constantes que recibe, ella sigue firme en su lucha. «Yo, con amenazas de muerte e intimidaciones constantes, aquí estoy, sin esconderme y exigiendo justicia», declaró.
Guanaro también aprovechó la ocasión para recordar la magnitud del drama que representa el reclutamiento de menores en Colombia. Citó la cifra de 18.677 niños y niñas reclutados por grupos armados, pero advirtió que hay miles más que ni siquiera aparecen en los registros oficiales. «Hoy es un día para recordar a los 18.677 niños, niñas, y a miles más que ni siquiera aparecen en esas estadísticas. Niños que fuimos brutalmente secuestrados, arrancados de nuestras familias, despojados de nuestra identidad y sometidos a toda clase de violencias, incluida la sexual. Nos robaron la infancia, la libertad y los sueños. Hoy honro a todas las mujeres sobrevivientes y a los hombres que hemos tenido el valor de romper el silencio y contarle a Colombia lo que vivimos», afirmó con firmeza.
«Hoy es un día para recordar a los 18.677 niños, niñas, y a miles más que ni siquiera aparecen en esas estadísticas. Niños que fuimos brutalmente secuestrados, arrancados de nuestras familias, despojados de nuestra identidad y sometidos a toda clase de violencias, incluida la sexual. Nos robaron la infancia, la libertad y los sueños. Hoy honro a todas las mujeres sobrevivientes y a los hombres que hemos tenido el valor de romper el silencio y contarle a Colombia lo que vivimos»
Deisy Dorelli Guanaro, representante de víctimas
Guanaro adelantó que ratificará sus señalamientos ante la JEP y que no tiene miedo de hacerlo. «No tengo miedo y no voy a silencio», advirtió, dejando claro que seguirá exigiendo justicia sin importar las condiciones. «Mañana ratificaré mis denuncias y todo lo que le he contado al país», agregó, en un mensaje dirigido tanto a la JEP como a la opinión pública. La comparecencia virtual de Sandra Ramírez, mientras tanto, deja en evidencia las tensiones que persisten en el proceso de paz y la profunda desconfianza de las víctimas hacia un sistema que, en su opinión, sigue protegiendo a los victimarios mientras ellas esperan respuestas.
