La comunidad educativa del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe se movilizó este miércoles 4 de noviembre frente a la Gobernación de Cundinamarca para protestar contra la cancelación de la licencia de funcionamiento del colegio, una medida adoptada tras el caso de la estudiante Valeria Afanador. La concentración, que se extendió durante la mañana y parte de la tarde, reunió a estudiantes, padres de familia y profesores que, con pancartas y megáfonos, exigieron al gobernador reconsiderar la decisión y escuchar sus argumentos. Los manifestantes señalaron que la sanción afecta a 230 alumnos que actualmente estudian en el plantel, así como a sus familias, y que cerrar el colegio no es la solución.
El caso que desencadenó la sanción
Valeria Afanador, una niña de 10 años, desapareció el 12 de agosto de 2025 y fue encontrada muerta 18 días después, lo que generó serios cuestionamientos sobre la vigilancia y protección en el interior del colegio. Tras una investigación, la Secretaría de Educación de Cundinamarca emitió la Resolución 004627 del 19 de junio de 2026 declarando la responsabilidad administrativa de la institución. Luego, la Resolución 007360 del 14 de octubre de 2026 confirmó la cancelación de la licencia de funcionamiento, medida que fue ratificada el 21 de octubre tras resolverse un recurso de apelación, agotando así la vía gubernativa. El cierre definitivo de actividades académicas está previsto para el 30 de noviembre de 2026, lo que pondrá fin a 25 años de funcionamiento del establecimiento.
Las voces de la protesta
«Gobernador, soy un estudiante de Los Laureles. Queremos que nos escuchen, por favor. Han tomado decisiones arbitrarias vulnerando nuestros derechos. Que nos escuchen»
Estudiante del colegio durante la protesta
«No están cerrando un colegio, están cerrándole las puertas a muchas familias»
Salomón Rincón, padre de familia
«No desconocemos lo que pasó en el colegio, ni las responsabilidades que se tienen que asumir o por las que tiene que responder la institución. Pero también están vulnerando el derecho de las otras 200 familias que estamos en este momento en la institución»
Rubén Tibaduiza, padre de familia y docente
Los padres de familia enfatizaron que no están ignorando la gravedad del caso de Valeria Afanador, pero consideran que la cancelación total de la licencia perjudica a estudiantes y familias que no tuvieron relación directa con los hechos. Asimismo, señalaron que el colegio implementó modificaciones en los protocolos de seguridad después del incidente y que el cierre afecta el derecho a la educación de los menores.
Exigencias y plan de reubicación
La Gobernación de Cundinamarca ha establecido como condición para el cierre que el colegio presente un plan de reubicación de los alumnos, el cual debe incluir acompañamiento psicosocial, medidas contra la estigmatización y el ciberacoso, y espacios de participación para las familias. El plan debe considerar las condiciones particulares de los estudiantes con discapacidad, necesidades educativas especiales o procesos terapéuticos. La comunidad educativa espera que este proceso se realice de manera ordenada y que se garantice la continuidad académica de los 230 estudiantes afectados.
La protesta de este miércoles buscó precisamente visibilizar el impacto de la decisión y abrir un canal de diálogo con las autoridades departamentales. Mientras tanto, las familias permanecen a la espera de una respuesta que pueda evitar el cierre definitivo de un colegio que ha sido su hogar educativo durante 25 años.
