La defensa de la familia de Kevin Acosta, el menor de 16 años que falleció el 13 de febrero de 2026 mientras esperaba la entrega de un medicamento para la hemofilia, cuestionó el traslado de la fiscal Diana Constanza Urriago Fajardo, quien investigaba el caso. La fiscal fue reasignada de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Fiscalía 308) a la Unidad de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal (Fiscalía 51) mediante la Resolución 20330-03416 del 4 de noviembre de 2026, una decisión que se conoció al día siguiente. El cuestionamiento surge porque el cambio ocurrió justo después de que la fiscal compulsara copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para examinar una posible responsabilidad del entonces presidente Gustavo Petro en la muerte del adolescente.
Wilson Ruiz, exministro de Justicia y hoy abogado de la familia Acosta, señaló que el traslado se produce en un momento determinante de la investigación y genera dudas sobre la independencia del proceso. “Cuando está de por medio la muerte de un menor de edad y el derecho de una familia a conocer la verdad, cualquier decisión que pueda incidir en el curso de la investigación debe estar acompañada de explicaciones claras”, afirmó Ruiz. El jurista agregó que “la Fiscalía tiene la obligación de garantizar que este caso avance con plena autonomía e independencia. Ninguna circunstancia administrativa puede convertirse en un obstáculo para esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y garantizar los derechos de las víctimas”.
Defensa exige garantías ante posibles presiones
El apoderado de la familia, Manuel Villanueva, fue igualmente enfático al referirse a la reasignación. “Nos preocupa profundamente que se produzcan movimientos dentro de la Fiscalía en un momento tan delicado para el caso. Estamos hablando de la muerte de un niño y del derecho de su familia a conocer toda la verdad. No vamos a permitir que las actuaciones judiciales pierdan continuidad ni que se genere incertidumbre sobre una investigación que debe avanzar sin presiones, independientemente de las personas que puedan resultar comprometidas. Exigimos garantías reales para las víctimas y explicaciones claras sobre esta decisión”, declaró Villanueva. Wilson Ruiz, por su parte, calificó la situación como “gravísima”, en referencia al informe que la Procuraduría General de la Nación remitió para evaluar el inicio de actuaciones disciplinarias por posible omisión administrativa grave de la Nueva EPS.
“Cuando está de por medio la muerte de un menor de edad y el derecho de una familia a conocer la verdad, cualquier decisión que pueda incidir en el curso de la investigación debe estar acompañada de explicaciones claras”.
Wilson Ruiz, exministro de Justicia y abogado de la familia Acosta
El contexto del caso remite a la muerte de Kevin Acosta, un menor con hemofilia que falleció durante el gobierno de Gustavo Petro, cuando Guillermo Alfonso Jaramillo se desempeñaba como ministro de Salud y la Nueva EPS se encontraba bajo intervención estatal. La fiscal Urriago Fajardo compulsó copias ante la Comisión de Acusaciones para indagar la posible responsabilidad del entonces mandatario, y un día después fue trasladada. La Procuraduría, además, ordenó remitir el informe a los procuradores delegados para la vigilancia administrativa con el fin de esclarecer si Kevin Acosta sufrió una interrupción injustificada del tratamiento médico y si esa situación pudo representar un riesgo vital que se materializó con su fallecimiento. El documento incluye anexos con respuestas de la Nueva EPS, Integral Solutions IPS y Medicarte IPS.
Investigación bajo la lupa de la Procuraduría
La Procuradora Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y Seguridad Social, Mónica Andrea Ulloa Ruíz, consideró necesario determinar si existió una omisión administrativa grave que vulnerara el derecho a la salud del menor. La familia Acosta, representada por Ruiz y Villanueva, insiste en que cualquier movimiento de la fiscal encargada del caso, en este momento procesal, debe ser explicado de manera transparente. “No vamos a permitir que las actuaciones judiciales pierdan continuidad”, reiteró Villanueva, mientras que la defensa pide garantías reales para que la investigación mantenga su independencia y el esclarecimiento de los hechos no se vea afectado por decisiones administrativas que, a su juicio, generan incertidumbre sobre el futuro del proceso.
“Nos preocupa profundamente que se produzcan movimientos dentro de la Fiscalía en un momento tan delicado para el caso. Exigimos explicaciones claras sobre esta decisión”.
Manuel Villanueva, apoderado de la familia de Kevin Acosta
La defensa ha dejado claro que estará atenta a cualquier novedad procesal y que recurrirá a todas las instancias judiciales si considera que la independencia de la investigación está en riesgo. Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación no se ha pronunciado oficialmente sobre los cuestionamientos alrededor del traslado de la fiscal Diana Constanza Urriago Fajardo, decisión que la familia y sus abogados consideran determinante para el esclarecimiento de la muerte del menor Kevin Acosta.
