La noche del martes 4 de noviembre de 2026, varios hombres armados irrumpieron en la vivienda del periodista Walter López, director de la revista Debate Político, ubicada en Barrancabermeja, Santander. Los agresores golpearon al comunicador en la cabeza con el cañón de un arma de fuego, efectuaron varios disparos contra el suelo y lo amenazaron de muerte con la frase “por sapo”, en un ataque que, según las autoridades, estaría directamente relacionado con su labor periodística.
El hecho ocurre semanas después de que López recibiera dos amenazas previas. En esas ocasiones, personas que se identificaron como integrantes de la banda delincuencial Los R-15 hicieron referencia explícita a su actividad profesional, le enviaron una fotografía de su vivienda y advirtieron que tomarían represalias contra sus familiares. La situación se agravó luego de que la Unidad Nacional de Protección (UNP) notificara al periodista, apenas dos semanas antes del ataque, el retiro de su esquema de seguridad, que incluía un hombre de protección y un chaleco blindado.
Ataque en un contexto de violencia creciente contra la prensa
La agresión contra Walter López se inscribe en una preocupante estadística nacional. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), desde 1977 se han documentado 172 asesinatos de periodistas en Colombia por razones vinculadas con su profesión. De esos casos, solo uno ha sido investigado en su totalidad, es decir, con identificación de autores materiales e intelectuales. En lo que va de 2026, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportan el asesinato de cuatro periodistas: Julián Hincapié, cuyo cuerpo fue hallado en Anorí, Antioquia, en octubre; Mateo Pérez Rueda y Cristian Herrera, asesinados en mayo y junio respectivamente; y una cuarta víctima que aún no ha sido identificada públicamente.
Frente a este panorama, la Fiscalía y la Flip han avanzado en la elaboración de un protocolo investigativo diferenciado para casos de violencia contra periodistas. La fiscal especializada de la Dirección contra las Violaciones de los Derechos Humanos, Herlinda Rojas, explicó que “es una ruta investigativa que se ha diseñado para determinar un enfoque de investigación diferenciado respecto de otros procesos”. Este protocolo, que esperan tener listo a finales de 2026, incorporará un “enfoque de censura” que considere el ejercicio periodístico como posible móvil del crimen y permita identificar tanto a autores materiales como a determinadores. Además, será incorporado a los programas de formación de fiscales e investigadores y a los procedimientos de trabajo de la entidad.
“Eso es importante que se tenga en cuenta en las investigaciones, pero también en la justicia. Que los jueces entiendan la importancia del periodismo en una democracia y la importancia de tener en cuenta esas líneas de investigación a la hora de juzgar”.
Sofía Jaramillo, directora ejecutiva de la Flip
Tras la agresión, la Flip solicitó a la UNP que se le asigne a Walter López un esquema de seguridad mediante trámite de emergencia, pidió a la Fiscalía investigar las denuncias previas que había interpuesto el periodista y demandó a la Policía garantizar un acompañamiento integral. Mientras tanto, el caso se suma a la larga lista de ataques contra comunicadores en Colombia, donde la impunidad sigue siendo la regla y donde la protección estatal a menudo llega tarde o se retira en el momento más crítico.
