El senador Iván Cepeda, en su calidad de actor popular dentro del proceso penal que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, radicó este fin de semana una solicitud formal ante la Corte Constitucional para que la investigación por crímenes paramilitares continúe bajo la competencia de la Fiscalía General de la Nación y no sea trasladada a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La petición, respaldada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, fue presentada a través de un memorial divulgado en la red social X y será resuelta por la Sala Plena de la Corte, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, en una sesión extraordinaria programada para el lunes 9 de noviembre.
El senador del Pacto Histórico sostiene que los hechos que sustentan la imputación —las masacres de La Granja, ocurrida en 1996, y la de El Aro, en 1997, así como el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle— ocurrieron durante el período en que Uribe Vélez se desempeñó como gobernador de Antioquia, entre 1996 y 1998, y no durante su mandato presidencial, razón por la cual no aplicaría el fuero que invoca la Comisión de la Cámara. La controversia se originó en junio de 2026, cuando la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema abrió una investigación formal contra el exmandatario por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, a lo que la Comisión de Acusación respondió en agosto reclamando el expediente, compuesto por 2.322 folios, argumentando que el concierto para delinquir se habría extendido hasta 2003, cuando Uribe ya era presidente.
Defensa del fuero versus protección de las víctimas
En el documento radicado, Cepeda advierte que la pretensión de la Comisión de Investigación y Acusación parte de una inferencia que considera jurídicamente insostenible, al intentar extender automáticamente la conducta delictiva hasta 2003 basándose en la naturaleza permanente del delito de concierto para delinquir. “La permanencia dogmática del delito no sustituye la descripción de hechos concretos, ni permite incorporar en sede de definición de competencia actos que no fueron atribuidos ni investigados”, señala el texto. El senador enfatiza que la apertura de investigación formal y la indagatoria realizada a Uribe el 4 de septiembre de 2026 se circunscriben a los años 1996 a 1998, por lo que solicita a la Corte Constitucional que proteja los derechos de las víctimas y mantenga el caso en la Fiscalía.
«En mi condición de actor popular en la investigación que se sigue contra Álvaro Uribe Vélez, por su presunta participación en la creación, promoción y financiación de la estructura paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas, las masacres de La Granja y El Aro, y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle»
Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico
Mientras la Corte Constitucional se prepara para definir el conflicto de competencias, la Corte Suprema de Justicia ha abierto una indagación previa por presunto prevaricato contra los congresistas de la Comisión de Acusación que tramitaron el reclamo del expediente. Paralelamente, la Fiscalía ha citado para el 12 de noviembre a los exjefes paramilitares Diego Fernando Murillo, conocido como Don Berna, y Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, para que rindan declaración judicial en el marco de esta investigación que también abarca la presunta participación de Uribe en la estructura paramilitar de la Hacienda Guacharacas. La decisión que adopte el alto tribunal el próximo lunes será determinante no solo para el futuro del proceso, sino para la garantía de los derechos de las víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos.
