El Centro de Estudios Económicos Anif anunció su respaldo condicionado a la Ley de Rescate Fiscal propuesta por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, pero advirtió que es necesario que el Congreso revise a fondo los mecanismos del ajuste para evitar que el peso de la consolidación fiscal recaiga principalmente sobre los hogares y las empresas colombianas. Mediante un comunicado oficial, el organismo reconoció la urgencia de la medida, estimando que el proyecto plantea un ajuste cercano al 4,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) hacia 2030, una magnitud calificada como acorde con la crítica situación de las finanzas públicas del país. Sin embargo, Anif subrayó que sin modificaciones sustanciales, el déficit del Gobierno Nacional Central podría superar el nueve por ciento del PIB en 2027 y la deuda pública rebasaría el 70 por ciento del PIB a partir de 2029.
Ajuste fiscal y distribución de la carga
De acuerdo con los cálculos presentados por el centro de estudios, solo el 35 por ciento del ajuste provendría de recortes del gasto público, mientras que el 54 por ciento restante saldría de mayores pagos por parte de familias y empresas. Este desbalance es, precisamente, el punto que más preocupa a los analistas de Anif, quienes consideran que la carga no debe profundizarse sobre el sector privado para no comprometer el empleo ni la inversión. En ese sentido, el organismo cuestionó la ampliación del IVA sobre bienes intermedios —es decir, insumos productivos para las empresas—, pues advirtió que el 62 por ciento de estos bienes y servicios con mayor carga tributaria corresponden a insumos empresariales, lo que podría trasladarse directamente a los precios finales que pagan los consumidores.
Anif también puso sobre la mesa el impacto concreto que tendrían algunas de las medidas actuales sobre los trabajadores formales. Según sus estimaciones, un empleado que gane tres salarios mínimos enfrentaría un costo adicional de 315 mil pesos mensuales, mientras que quien reciba cuatro salarios mínimos vería un incremento de 950 mil pesos al mes. Esta realidad llevó al centro de estudios a proponer que se aplace la reducción de la tarifa de renta corporativa, con el fin de no afectar la contratación formal en un momento de fragilidad económica.
Venta de activos y otras alternativas
Como parte de sus recomendaciones, Anif sugirió al Gobierno y al Congreso explorar la venta de activos estatales, entre ellos la participación en ISA, para aliviar el peso de la deuda pública. No obstante, el organismo reconoció que esta medida no sustituye los ingresos permanentes que requiere el fisco y que debe complementarse con reformas estructurales. En paralelo, respaldó la creación del Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (Ruge), un esquema que ofrecería una tarifa reducida de renta y estabilidad tributaria por 16 años, como una herramienta para fomentar la inversión productiva y la formalización.
Entre las propuestas adicionales, el centro de estudios planteó la creación de un impuesto a las pensiones altas y la limitación de las deducciones empresariales por pagos en efectivo, como mecanismos para ampliar la base tributaria sin castigar a los sectores más dinámicos de la economía. Asimismo, sugirió un desmonte gradual del subsidio al Acpm, el combustible que utilizan vehículos de carga y transporte, y recomendó concentrar los subsidios públicos exclusivamente en los hogares de menores ingresos para hacer más eficiente el gasto social.
Llamado al Congreso y disciplina fiscal
Finalmente, Anif hizo un llamado explícito a los congresistas para que, si deciden eliminar o modificar alguna de las fuentes de recaudo contempladas en el proyecto, presenten de inmediato alternativas que compensen los recursos perdidos. El centro de estudios propuso además reducir al menos un 10 por ciento de los cargos creados en la Rama Judicial, la Fiscalía y los organismos de control, como una señal de austeridad desde el propio Estado. La advertencia de fondo es clara: sin un ajuste decidido, los pagos por intereses de deuda, pensiones y transferencias a las regiones podrían superar los ingresos tributarios, sumiendo al país en una crisis fiscal de mayores proporciones.
