La Corte Constitucional, mediante el Auto 1460 de 2026, ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y a la Policía Nacional diseñar en un plazo máximo de dos meses un plan de traslado progresivo para las 2.615 personas que llevan más de un año detenidas en estaciones de Policía en todo el país. La decisión, adoptada por la Sala Plena bajo la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, responde a una situación que el tribunal califica como vulneración grave, sistemática y continuada de derechos fundamentales, al constatar que la permanencia de estas personas en centros de detención transitoria supera con creces el límite constitucional de 36 horas establecido en los artículos 28 y 29 de la Constitución y en el artículo 28 de la Ley 65 de 1993.
El plan deberá identificar a cada una de las personas privadas de la libertad, señalar los establecimientos de destino, los cupos disponibles y fijar metas mensuales de traslado, con la advertencia de que estos movimientos no podrán generar nuevo hacinamiento en los centros penitenciarios receptores. Del total de 2.615 afectados, según el corte de cifras al 6 de abril de 2026, 2.567 son imputados y 48 son condenados. La orden también incluye la conformación de una mesa técnica interinstitucional, que deberá instalarse en el mismo plazo de dos meses desde la notificación del auto, con la participación del Inpec, la Uspec, la Policía Nacional, los ministerios de Justicia y de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Sociedad de Activos Especiales, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República.
Vulneración sistemática y orden de traslado
La Corte determinó que la permanencia de estas personas en estaciones de Policía durante períodos superiores a un año constituye una violación directa de las garantías constitucionales, pues dichos lugares están diseñados exclusivamente para detenciones transitorias, no para albergar a personas durante procesos judiciales prolongados. El tribunal reiteró que el problema de hacinamiento no se resuelve únicamente con la ampliación de infraestructura penitenciaria, sino que se requieren medidas estructurales para reducir la demanda carcelaria. En ese sentido, exhortó al Congreso de la República a evaluar y regular mecanismos de financiación, construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura para detención transitoria, así como al Consejo Superior de Política Criminal y al Legislativo a adoptar instrumentos de racionalización penal, como medidas distintas a la prisión y mecanismos de libertad anticipada.
La mesa técnica tendrá la misión de identificar las barreras que han impedido la construcción y adecuación de centros penitenciarios, y deberá presentar un primer informe a los tres meses de su instalación, seguido de un informe técnico estructural final a los seis meses. Entre sus tareas está evaluar distintas modalidades de ejecución de proyectos, como obra pública, contratación estatal, asociaciones público-privadas u otras formas de participación privada, aunque la Corte dejó claro que las funciones de seguridad, vigilancia, custodia y tratamiento penitenciario son indelegables a particulares. Durante el análisis, la Contraloría reportó 122 hallazgos sobre inversiones en infraestructura carcelaria, mientras que la Agencia Nacional de Infraestructura informó que no estructura proyectos penitenciarios debido a que el Ministerio de Justicia no lo ha solicitado.
Problemas recurrentes y exhortos al Congreso
La Corte identificó cuatro problemas recurrentes en los proyectos de infraestructura carcelaria: subestimación de costos, dependencia casi total de recursos públicos, concentración de la inversión en infraestructura física en detrimento de programas de resocialización, y ausencia de una evaluación comparada entre las distintas modalidades de ejecución. El tribunal advirtió que estas deficiencias han perpetuado el círculo del hacinamiento y la vulneración de derechos. Por ello, además de las órdenes concretas de traslado y de la conformación de la mesa técnica, exhortó al Congreso a adoptar mecanismos de financiación sostenibles que permitan no solo construir nuevas cárceles, sino también adecuar y mantener las existentes, con un enfoque que priorice la resocialización sobre el simple encierro.
La decisión de la Corte Constitucional representa un nuevo capítulo en la larga crisis del sistema penitenciario colombiano, donde las estaciones de Policía se han convertido en depósitos humanos ilegales por la falta de cupos en las cárceles. El plazo de dos meses para presentar el plan de traslado y para instalar la mesa técnica corre a partir de la notificación del Auto 1460 de 2026, y las entidades involucradas deberán rendir cuentas periódicamente sobre el avance de las medidas ordenadas por el alto tribunal.
