«Exministro Lara pide al Gobierno presentar al Congreso estatuto antiterrorista»

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El exministro del Interior Rodrigo Lara hizo un llamado público al Ejecutivo para que radique ante el Congreso de la República el proyecto de estatuto antiterrorista que trabajó durante 76 días y que ya supera las 130 páginas de extensión. La solicitud, difundida a través de su cuenta en X, busca que se entregue formalmente una iniciativa que incluye medidas drásticas como el congelamiento de activos, la regulación de criptoactivos, el uso de reconocimiento facial y controles más estrictos al comercio de oro, todo con el objetivo de asestar un golpe directo a las finanzas de organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico, la extorsión y los ataques contra infraestructura crítica.

El texto fue elaborado con la participación del Ministerio de Justicia, el abogado Iván Cancino y el Ministerio de Defensa, y quedó bajo revisión jurídica de la Presidencia. Según explicó Lara, la propuesta fue rediseñada tras recibir observaciones a una versión inicial y finalmente se decidió dividirla en dos proyectos: una ley estatutaria y una ley ordinaria, con el fin de facilitar su trámite legislativo. El exministro enfatizó que esta herramienta está concebida como el complemento necesario de la ley de sometimiento, bajo el concepto de «zanahoria y garrote», ofreciendo beneficios judiciales para quienes se entreguen voluntariamente, al tiempo que impone medidas más severas contra las estructuras violentas que persisten en su accionar delictivo.

Exclusión de la protesta social y lucha contra el terrorismo

Uno de los puntos centrales del proyecto es la definición precisa de lo que se considerará una organización terrorista y un acto terrorista, excluyendo de manera expresa a las agrupaciones políticas y a la protesta social. «La protesta social queda excluida», afirmó rotundamente Lara, buscando despejar cualquier duda sobre un posible uso político de la norma. La iniciativa incluye un arsenal de medidas que van desde el congelamiento inmediato de fondos y activos hasta la prohibición de pagos en efectivo para la compra de inmuebles, pasando por la trazabilidad y bancarización obligatoria para el comercio de oro y la creación de licencias para proveedores de servicios de activos virtuales, conocidos como Psav.

«Vamos por el dinero de los narcoterroristas»

Rodrigo Lara, exministro del Interior

El proyecto también contempla el uso de cámaras con reconocimiento facial para capturar a personas que tengan órdenes judiciales pendientes, así como un régimen penitenciario especial para cabecillas de estas organizaciones. En materia de extorsión, se crea un programa que obliga a reportar los pagos realizados, mientras que se tipifican nuevos delitos o se agravan penas para conductas como la minería ilícita a gran escala, el reclutamiento de menores, la retención de miembros de la fuerza pública y la instrumentalización de civiles. Además, se incluyen medidas para la protección de infraestructura crítica y el combate al uso de drones con fines terroristas, e incluso se plantea la eliminación del delito de usura como estrategia para ampliar el crédito formal y combatir el fenómeno del «gota a gota».

Lara invitó a todos los partidos de la coalición de Gobierno a respaldar y complementar la iniciativa, advirtiendo que «Colombia no puede seguir enfrentando al narcoterrorismo con herramientas del siglo pasado». Aunque el texto está listo en buena medida, aún no ha sido radicado formalmente ante el Congreso, a la espera de que el presidente Gustavo Petro y su equipo jurídico den el visto bueno final para iniciar el trámite legislativo. La expectativa está puesta en que el proyecto pueda convertirse en una pieza clave de la estrategia de seguridad del Gobierno en los próximos meses.

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