El próximo 18 de noviembre de 2026 se instalará formalmente la mesa tripartita de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl), con la que arranca la negociación oficial del salario mínimo que regirá en Colombia para el año 2027. El proceso, coordinado por la ministra del Trabajo, Natalia López, reúne al Gobierno nacional, empleadores y organizaciones de trabajadores y pensionados, y deberá concluir a más tardar el 30 de diciembre, fecha en la que el Ejecutivo decretará el aumento si no se logra un consenso.
La última vez que las partes lograron un acuerdo tripartito fue para el salario de 2023, cuando se pactó un incremento del 16 por ciento, dejando el mínimo en 1.160.000 pesos. Desde entonces, el Gobierno ha fijado el ajuste por decreto, sin el respaldo unánime de trabajadores y empresarios. Este año, las posturas iniciales presentan una brecha muy amplia: mientras la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) propone un alza del 38,5 por ciento, que llevaría el salario a cerca de 2.424.003 pesos, Fenalco, en representación del sector comercio, sugiere un ajuste no superior al 9 por ciento, cifra que coincide con las previsiones de la mayoría de analistas, quienes la sitúan entre el 8 y el 9 por ciento.
El salario mínimo vigente en 2026 es de 1.750.905 pesos, más un auxilio de transporte de 249.095 pesos, para un total de 2.000.000 de pesos. Según el Dane, 2,4 millones de trabajadores en Colombia ganan exactamente un salario mínimo, mientras que la informalidad laboral alcanza al 54,8 por ciento de los ocupados, más de 13 millones de personas, y en zonas rurales trepa al 83,2 por ciento. La inflación anual a octubre de 2026 se ubica en 6,30 por ciento, uno de los indicadores clave que la comisión debe considerar, junto con la productividad laboral, la productividad total de los factores (PTF), el crecimiento del PIB, el poder adquisitivo y la participación de los salarios en el ingreso nacional.
«Reconocer la pérdida del poder adquisitivo, simultáneamente la productividad de los trabajadores»
José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República
El vicepresidente José Manuel Restrepo, quien ha participado en la discusión sobre política salarial, señaló que «estamos apenas en los prolegómenos de una conversación que seguramente tiene que ir avanzando y que, en la medida en que vaya avanzando, tiene que encontrar un punto de encuentro que garantice la sensatez en la forma como se llega a un acuerdo». Por su parte, la ministra Natalia López ha promovido una ampliación de la mesa de concertación para incluir a sectores que tradicionalmente han estado excluidos. En una columna titulada «Concertar con y para todos», afirmó que «más de la mitad de quienes trabajan en Colombia nunca ha tenido voz en la discusión que fija el ingreso de referencia del país. Este año eso empieza a cambiar». Y agregó: «El salario mínimo es mucho más que el piso de remuneración de la jornada laboral. Una decisión con ese alcance y magnitud debe tomarse escuchando a todos quienes de una u otra forma son impactados por ella».
Una mesa ampliada y durante todo el año
La ministra ha propuesto que la Comisión funcione de manera permanente, y no solo en diciembre, y ha invitado formalmente a participar a trabajadoras domésticas —cerca de 656.000 personas, en su mayoría mujeres—, a repartidores de plataformas digitales, amparados por la Ley 2466 de 2025, a organizaciones campesinas y a sectores formales como la floricultura y el banano. Este último sector enfrenta además un arancel del 12,5 por ciento en Estados Unidos, lo que añade presión a la negociación.
El calendario fijado por la Ley 278 de 1996 establece que la comisión debe procurar un acuerdo antes del 15 de diciembre. Si no se alcanza, se abren etapas de salvedades: el 16 y 17 de diciembre las partes disidentes presentan y estudian sus objeciones; del 18 al 29 de diciembre se pueden realizar reuniones extraordinarias, y el 30 de diciembre es la fecha límite para que el Gobierno decrete el aumento. El nuevo salario entrará en vigor el 1 de enero de 2027. Antes de la instalación de la mesa, el Dane divulgará el dato de productividad total de los factores el 30 de noviembre y el IPC de noviembre el 5 de diciembre, insumos fundamentales para la negociación.
En medio de un panorama de alta informalidad y con más de la mitad de los ocupados fuera de la discusión tradicional, la búsqueda de un acuerdo que equilibre la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores con la sostenibilidad de las empresas será el gran reto de esta concertación, que promete ser una de las más complejas de los últimos años.








