Contratista de la DNI condenado por manipulación informática habría planeado sabotaje electoral para 2026

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Una compleja red de sabotaje informático contra la Registraduría Nacional, que habría buscado alterar los resultados de la segunda vuelta presidencial de 2026, tiene como principal señalado a Carlos Andrés Oyola Tovar, un contratista de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que ya se encuentra en prisión por un caso de manipulación informática en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). La denuncia, formalizada desde el 5 de marzo de 2026 por el registrador Hernán Penagos, revela un presunto plan que involucra a activistas digitales, «bodegueros» y hackers, y que habría sido coordinado desde la misma DNI para favorecer a candidatos específicos, según documentos filtrados que apuntan al nombre de Iván Cepeda.

De acuerdo con la investigación, el plan incluía ciberataques y la suplantación de la página web de la Registraduría, además de intentos por alterar el mapa de riesgo electoral y los datos del preconteo. La Misión de Observación Electoral (MOE) identificó 300 campañas de desinformación durante el calendario electoral, de las cuales 56 estaban orientadas a sembrar dudas sobre la integridad del proceso. «Sin evidencia verificable, una supuesta captura o cooptación de la Registraduría por intereses externos», señaló la MOE sobre el contenido de dichas campañas. Durante los momentos de ataque, al menos 300 direcciones IP se conectaron de forma simultánea a la página de la Registraduría, lo que evidencia la magnitud del operativo.

Los contratos bajo la lupa

La Contraloría General de la República inició una revisión prioritaria de cinco contratos de la DNI por un valor cercano a los 20.783 millones de pesos. Entre los exdirectores de la DNI investigados se encuentran Manuel Alberto Casanova, Carlos Ramón González, Jorge Lemus y René Guarín, todos durante el gobierno de Gustavo Petro. Jorge Lemus, exdirector de ese organismo, reveló que el sistema de información que desarrollaba Oyola era criticado internamente: «Estaban diciendo que no servía la plataforma». También explicó que en el apartamento allanado por la Fiscalía, donde Oyola eludió una orden de captura desde mayo, «permanecían agentes de contrainteligencia que eran los encargados de custodiar los predios».

El entramado incluye al hermano gemelo de Carlos, Cristian Javier Oyola Tovar, contratista de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien habría ingresado a la Registraduría con autorización de la magistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE) Fabiola Márquez. Cristian Oyola acumula contratos con el Estado por más de 400 millones de pesos, mientras que su hermano percibía un salario mensual de 16 millones en la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos desde enero de 2023. Felipe Tascón, exdirector de esa dependencia, defendió la labor de Oyola afirmando que «logró organizar información».

«Sin evidencia verificable, una supuesta captura o cooptación de la Registraduría por intereses externos»

Misión de Observación Electoral (MOE)

El rastro en la UNAD y el historial manipulado

El historial de Carlos Oyola ya había sido marcado por un escándalo en la UNAD, donde creó una red para alterar notas y registros académicos a cambio de beneficios. En ese caso, se modificó en 46 ocasiones su propio historial académico, y al menos 19 estudiantes habrían obtenido títulos de forma ilegal a través de esa misma red. Ahora, desde prisión, Oyola enfrenta nuevas acusaciones que agravan su situación judicial y que ponen en entredicho la independencia de la DNI, que según fuentes de la entidad habría dejado de ser un organismo técnico para convertirse en una estructura que protege los intereses del gobierno de turno.

Paralelamente, el presidente Gustavo Petro ha criticado públicamente el sistema de conteo y los formularios E-14 de la Registraduría, pidiendo la divulgación del código fuente, lo que ha intensificado los interrogantes sobre la seguridad del sistema electoral colombiano. Además, el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026 habría facilitado la instalación de micrófonos y rastreadores GPS en vehículos de protección para expresidentes, supuestamente con fines de inteligencia. Oyola trabajó previamente en la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Rodrigo Villalba entre 2018 y 2022, y también en la Contraloría, antes de ser vinculado a la DNI, donde ahora es señalado de coordinar una red que buscaba erosionar la confianza en el proceso electoral más importante del país.

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