Por coronel ( r) Carlos Alfonso Velásquez
Debido a los escándalos de corrupción que hemos presenciado durante el gobierno Petro, asimilable en este sentido a una olla de presión que periódicamente expulsa chorros de vapor – el último el de la UNGRD- es oportuno hacer un corto pero sentido homenaje a Jorge Yarce – quien falleció la semana anterior- trayendo a colación un breve pero sustancioso fragmento de su obra intelectual.
Yarce fue un periodista y doctor en filosofía que dedicó gran parte de su tiempo a promover la superación de la corrupción desde la academia y la consultoría. Fundador y director de Colprensa, autor de 26 libros sobre persona, educación, familia, comunicación y sociedad, liderazgo, ética y valores, todos ellos reseñados en su última obra: “LAS OLAS Y EL MAR”.
Se trata del 5º apartado del capítulo 10 ÉTICA PÚBLICA (Tomo III).
El Estado debe dar ejemplo de ética
“La lucha ética contra la corrupción la debe promover ante todo el Estado. En principio tiene que hacer que su gente sea ética. Al mismo tiempo, no hay por qué oponer la ética privada a la pública. La cercanía es cada vez mayor, en la medida en que consideramos que las entidades públicas, si bien tienen que orientarse fundamentalmente por las directrices constitucionales y legales en su acción, al fin y al cabo, son organizaciones cuya estructura tiene muchas cosas comunes con una corporación empresarial.
Las estructuras y estrategias del Estado reciben un influjo positivo de las organizaciones privadas, y también debe suceder lo contrario. Aunque hay aspectos fundamentales que las distinguen, por ejemplo, la ausencia de lucro en las del Estado – en algunas públicas los beneficios económicos son indispensables -, su finalidad está subordinada a la prestación de un servicio a la ciudadanía y al bien común.
Cuando se trata de la moral pública se piensa que es obligatorio vivir la ética, porque se contiene en normas que la prescriben. Lo que no se debe olvidar es que los individuos no la deben vivir por temor al castigo, sino como un precepto que requiere voluntad libre y entusiasmo, no una simple amenaza por incumplimiento.
Recordemos la distinción que hace Gómez Pérez: “Es verdad que la ley no tiene como fin hacer realidad la moral, porque tiene una alteridad y una repercusión social que no son propias de la moral, que toca temas tan interiores y personales como un mal deseo, la envidia, el odio, la intención de causar un mal o el mal ejemplo. Y, desde otro ángulo el derecho, a veces, convierte en lícitas, acciones con una trascendencia social innegable, como el aborto o la eutanasia. Despenalizar esas acciones no significa nunca que queden moralizadas”.
La grandeza de la función pública es deberse al bien común a través del servicio a los ciudadanos. No debemos olvidar que no todo lo que permiten las leyes es lícito moralmente, ni todo lo que las leyes permiten es aceptado éticamente.
De no ser así, los funcionarios públicos podrían hacer cosas que no contemplan las leyes, como maltratar al público de palabra y obra, expresar indiferencia ante su deber, realizar un trabajo mediocre o cumplir lo que manda el manual de funciones sin prestar un servicio que ayude a resolver los problemas.
La ética pública abarca un conjunto de orientaciones, criterios, principios y valores que deben guiar al servidor público para cumplir adecuadamente su tarea, acorde con lo que está ordenado por la ley, pero no limitándose estrictamente a su letra. Por ejemplo, no es lo mismo la obligación ética de un buen padre de familia que su obligación legal de dar manutención a los hijos.
Los deberes éticos de un servidor público no se limitan a sus deberes legales contenidos en el manual de funciones. Sabe bien que debe procurar hacer realidad valores no ordenados por la ley, sino propuestos por la cultura de la entidad y por la conveniencia del bien común. O simplemente porque el servidor público tiene esos valores, así nadie se los haya ordenado por escrito”.
@CarlosAlfonsoVR
