Desde La Veintitrés Manizales informamos sobre un hecho que ha captado la atención en el sistema judicial colombiano: dos imputados por el asesinato de Jaime Esteban Moreno no aceptaron cargos de homicidio agravado en coautoría. Los involucrados son Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz, cuyas defensas evalúan estrategias para rebajar la pena o incluso buscar una absolución, contemplando la posibilidad de cambiar la tipificación a homicidio preterintencional y, en paralelo, la viabilidad de un preacuerdo. González Castro se entregó a las autoridades más de siete días después del crimen, sin que se haya especificado la fecha exacta de su entrega.
El marco del caso se mantiene bajo observación por las similitudes que algunos analistas trazan con el caso Andrés Colmenares, y porque expertos señalan posibles errores de la fiscalía que podrían motivar ajustes en la imputación o en la calificación del hecho. En este contexto, la defensa no descarta la posibilidad de negociar con la fiscalía para reducir la carga judicial a través de la figura de preterintencional, o incluso lograr una absolución si la evidencia no demuestra la intención de matar. En términos penales, las penas que se barajan oscilan según la tipificación: para homicidio agravado, entre 33 y 50 años; si se configura homicidio preterintencional, entre 16.5 y 33 años; si fuera simple, entre 8 y 25 años; y la posibilidad de una rebaja de hasta el 50% en caso de preacuerdo.
Análisis de estrategias y posibles desenlaces
La revisión de las estrategias procesales se apoya en una combinación de factores: la defensa analiza cambiar la tipificación y valorar la conveniencia de un preacuerdo, mientras la fiscalía podría sostener la acusación original si encuentra elementos que sustenten la intención de matar. Entre los elementos a considerar figuran videos analizados que muestran la secuencia de una riña y la necesidad de determinar si existió intención en el actuar del agresor. La defensa sostiene que la principal diferencia entre los cargos radica en la intención y que ésta podría modificar sustancialmente la pena si se logra una tipificación menos gravosa.
«Si yo fuera el defensor de los posibles atacantes, yo tomaría en cuenta diversas estrategias en las que se debe tener en cuenta el panorama fiscal, que los rotuló con el cargo de homicidio agravado, que podría tener una pena de 33 a 50 años. La pregunta que se debe tener es la de ir a juicio o aceptar un preacuerdo, lo segundo es bueno si no tienen cargos o antecedentes y con ello el juez se movería en la pena mínima» – Rogelio Roldán, abogado penalista
«Después de haber visto el video, vemos que todo se generó en el entorno de una riña, en la que le conectaron algunos golpes. Allí se deben analizar los puntos del homicidio como conducta independiente y los que se diferencian de los demás tipos. La principal diferencia es la intención del sujeto activo, la intención va en buscar un objetivo que es matar» – Rogelio Roldán
«Preterintencional es de causar una lesión, pero por falta de prever mejor, o una causa ajena, el resultado fue más allá. La intención nunca fue la de matar y la pena se vería disminuida en unas proporciones, de una tercera parte a la mitad. Sería de 16.5 a 33 años, o si es simple, sería de ocho a 25 años» – Rogelio Roldán
«Aún no se ha hecho la acusación, entre defensa y fiscalía pueden llegar a diferentes acuerdos, incluso se puede hacer un ajuste de legalidad para retirar los cargos de homicidio agravado y dejarlo en preterintencional, que si es aceptada con un preacuerdo tendrán la rebaja ya mencionada de hasta el 50%» – Rogelio Roldán
«Si la fiscalía no tiene voluntad de negociar, la opción que queda es tener un juicio oral, en el que la defensa desdibujará la intención dirigida de la situación, si no se demuestra la intención, ese homicidio terminará en preterintencional o una absolución en la que el despacho llegaría a una conducta menor de la que busco inicialmente la fiscalía» – Rogelio Roldán
La defensa de Suárez Ortiz ha sostenido que los golpes no tenían la fuerza suficiente para querer matar a la víctima, postura que alimenta la discusión sobre la intencionalidad del hecho y la posible descalificación de la figura de homicidio agravado frente a una calificación menos severa. El caso también incluye análisis de videos expuestos y deliberaciones sobre la intención del agresor en el contexto de una riña. Si no se avanza en una negociación, podría abrirse un juicio oral que desdibuje la intención y acabe derivando en una clasificación de preterintencional o incluso en una absolución con una conducta menor a la que initialmente buscaba la fiscalía.
Este seguimiento, que mantiene el interés público en Colombia por su parecido con otros casos de alto perfil, continuará en La Veintitrés Manizales. Nuestro equipo seguirá informando sobre cualquier avance en las negociaciones entre defensa y fiscalía, la evolución de las peticiones de cambio de tipificación y las posibles resoluciones que permita un paso hacia una sentencia, ya sea por la vía de un preacuerdo o por un fallo en juicio que determine la calificación final del hecho.
