El ministro del Interior Armando Benedetti denunció un allanamiento a su casa en Barranquilla y la posible interceptación de su teléfono por orden de la magistrada Cristina Lombana, mientras el presidente Gustavo Petro lo defiende calificando las actuaciones de ilegales. La diligencia, que habría contado con la presencia de alrededor de 30 uniformados armados, con los rostros cubiertos y sin placas visibles, dejó constancia de evidencias que señalan chats abiertos en WhatsApp y desató una polvareda política sobre la autonomía judicial y las garantías de privacidad.
Los protagonistas del episodio son Benedetti, la magistrada Lombana y el presidente Petro. Según la narrativa oficial, la diligencia se efectuó en Barranquilla en medio de un contingente de hombres armados; entre las pruebas habría constancias de chats abiertos en WhatsApp. Aunque no se especificó una fecha exacta, la noticia logró relevancia por el respaldo público del presidente Petro, que calificó las actuaciones como ilegales, mientras Benedetti dio a conocer que ha presentado quejas y tutelas contra la Comisión de Acusaciones y contra el investigador Wills, en medio de denuncias sobre intimidación a congresistas y filtración de información confidencial. En sus declaraciones, Benedetti ha insistido en que hubo irregularidades y ha mostrado su preocupación por el uso de información reservada, mientras que la discusión se enreda en torno a la interceptación de comunicaciones y a los límites de la actuación judicial.
Contexto y repercusiones
Antecedentes y contexto ayudan a entender la intensidad de la tensión: Benedetti ha cuestionado públicamente a Cristina Lombana, y se ha denunciado filtración de pruebas y uso de información confidencial. El episodio actual se suma a un largo encontronazo entre el ministro y la Corte, que según su relato se ha visto alimentado por acciones que, según él, buscan incriminarlo y atacar su defensa. En este marco, el affaire se convierte en un símbolo de debate sobre la independencia judicial, la protección de la privacidad y las posibles repercusiones en las investigaciones en curso, así como en la confianza ciudadana en las instituciones.
«Denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de tres años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025 (sic)» – Armando Benedetti
«¿A mí me pueden allanar e interceptar el teléfono sin que exista un juez de garantías? ¿O un control previo?» – Armando Benedetti
«¡Más denuncias! Esta mañana tenía más de 2.200 chats sin leer en WhatsApp y ahora aparecen todos abiertos. ¿Me están interceptando?» – Armando Benedetti
«Un allanamiento ilegal que se transforma en secuestro de una familia, producida por una magistrada de la corte suprema víctima de su propio odio» – Gustavo Petro
«Acato el llamado a la prudencia, pero también suplico por mi acceso al derecho a la justicia» – Armando Benedetti
«Yo denuncié a la magistrada Lombana, me tocó presentar queja y tutela contra la Comisión de Acusaciones y contra el investigador Wills porque el rumor es que ella intimida a los congresistas de la Comisión y nadie se atreve a abrirle siquiera una investigación. Ha sido RECUSADA porque es demostrado su interés en incriminarme. Ha filtrado TODO, pruebas reservadas con videos y audios, a los medios de comunicación. Ha investigado a 50 familiares míos y no son aforados» – Armando Benedetti
«La corporación rechaza las descalificaciones personales y los ataques verbales del ministro del Interior a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones y menoscabar la confianza en la administración de justicia. La Corte Suprema de Justicia hace un llamado a la ciudadanía para que la prudencia y el respeto por la ley y por las entidades legalmente reconocidas se mantengan en todo momento y sean el eje fundamental para preservar la convivencia democrática y la defensa de las instituciones» – Octavio Augusto Tejeiro
La noticia, en su conjunto, no solo refleja un choque entre una alta autoridad gubernamental y una magistrada de la Corte, sino que también alimenta el debate sobre la independencia judicial, la protección de la privacidad y las posibles repercusiones en las investigaciones en curso. La reacción del presidente Petro añade tensión política, mientras la Corte, a través de Tejeiro, exhorta a la prudencia y al apego a la ley para sostener la confianza institucional en un momento de fragilidad institucional.
