En un nuevo capítulo de la confrontación política en Colombia, Abelardo de la Espriella, presidente de la Fundación Libertad y Progreso, presentó el denominado “libro de la verdad”, un documento de más de 130 páginas que contiene 82 denuncias de presunta corrupción contra el Gobierno de Gustavo Petro. El material fue dado a conocer por De la Espriella junto al vicepresidente de la fundación, José Manuel Restrepo, y ha desatado una fuerte controversia con reacciones inmediatas del senador Iván Cepeda y el exalcalde de Medellín y exsuperintendente de Salud, Daniel Quintero, quienes calificaron el informe de falso e inflado, respectivamente.
El documento, que según Daniel Quintero tiene exactamente 135 páginas, está dividido en dos capítulos claramente diferenciados: 59 casos corresponden a lo que denominan “balance sectorial”, es decir, supuestos problemas de gestión, y los 23 restantes pertenecen al “Equipo Élite Anticorrupción”, que abordarían presuntos actos de corrupción. Esta estructura ha sido el centro de las críticas, pues desde sectores afines al Gobierno se señala que la presentación mediática del informe mezcla ambos conceptos para generar una percepción de mayor gravedad.
Reacciones encontradas y señalamientos cruzados
El senador Iván Cepeda, reconocido opositor de De la Espriella, fue contundente en sus declaraciones y lo acusó de promover una “contrarreforma agraria”. En sus palabras, “con falsas acusaciones sobre el ‘engaño de la reforma agraria’, se busca restituir las tierras no al campesinado, sino a los amigos despojadores, narcotraficantes y paramilitares”. Cepeda añadió que “la verdad es que De la Espriella y su círculo quieren impulsar la contrarreforma agraria. La verdad es que son enemigos de la reforma agraria”.
Por su parte, Daniel Quintero, quien fue superintendente de Salud y alcalde de Medellín, realizó un análisis pormenorizado del contenido del libro y señaló una falta de rigor en la presentación de los datos. “Empezó mintiendo Vicepresidente. Leí el documento completo (135 páginas). En medios ustedes hablaron de 80 casos como si fueran 80 casos de corrupción. En realidad el libro tiene dos capítulos distintos: 59 casos de ‘balance sectorial’ (supuestos problemas de gestión) y solo 23 casos del ‘Equipo Élite Anticorrupción’ que son propiamente los de presunta corrupción…”, explicó Quintero, quien añadió que “sumar ambos da los 82, pero mezclarlos infla la narrativa”. Además, destacó que buena parte de la información no constituye hechos de corrupción sino cuestionamientos a la gestión, muchos de ellos basados en auditorías de la Contraloría ya existentes, no en hallazgos nuevos de un empalme que, según él, nunca se realizó.
La Fiscalía se pronuncia y anuncia revisión técnica
Ante la polémica generada, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se pronunció oficialmente y garantizó que la institución actuará con total independencia y objetividad. “En un Estado de derecho, toda información que sugiera la posible comisión de conductas ilícitas debe canalizarse institucionalmente para su análisis y, cuando corresponda, para la adopción de las decisiones previstas por la ley”, afirmó la fiscal, quien además aseguró que “su contenido, señor presidente, será objeto de valoración técnica y jurídica conforme a los estándares de rigor probatorio, objetividad e independencia que la Constitución y la ley exigen en nuestras actuaciones”. La Fiscalía, en su comunicado, dejó claro que cada posible delito será analizado por fiscales especializados, sin que medien presiones políticas de ningún tipo.
El “libro de la verdad” se suma así a la tensa agenda política nacional, en medio de un clima de polarización donde las acusaciones de corrupción y las contraacusaciones de manipulación informativa se han convertido en moneda corriente. Mientras los denunciantes insisten en la necesidad de una investigación profunda, los defensores del Gobierno advierten sobre el uso de documentos sin rigor probatorio para desprestigiar la administración de Gustavo Petro. El debate queda ahora en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si hay mérito para abrir investigaciones formales o si, como afirman sus críticos, se trata de un informe inflado sin sustento jurídico sólido.
