El presidente electo Abelardo De La Espriella presentó su plan de choque económico para los primeros 360 días de Gobierno, con el objetivo de estabilizar el déficit fiscal en 4,8% del Producto Interno Bruto (PIB) y sentar las bases para un crecimiento superior al 5% anual, en medio de una compleja coyuntura fiscal que heredará de la actual administración. La propuesta, respaldada por su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, busca enfrentar el déficit fiscal, la deuda pública y los crecientes costos de financiamiento sin frenar la actividad productiva ni afectar la confianza inversionista.
De acuerdo con las proyecciones oficiales, el déficit cerraría en 5,3% del PIB en 2026, lo que obligaría a un recorte superior a 30 billones de pesos para el próximo año. Frente a ese panorama, el plan de De La Espriella contempla un ajuste basado en un ahorro estructural del 3,1% del PIB, equivalente a 31,8 billones de pesos, mediante la optimización del Estado, la eliminación de gastos innecesarios y una lucha frontal contra la evasión, el contrabando y la corrupción. La meta adicional es reducir la deuda pública por debajo del 55% del PIB hacia 2030, mientras se impulsa un crecimiento económico que, según Restrepo, podría alcanzar incluso el 6% o 7% anual.
Las tres líneas de acción y las cifras detrás del ajuste
El presidente electo resumió su estrategia en una fórmula de tres líneas: “Bajar costos, recuperar recursos perdidos por evasión, contrabando, corrupción y exenciones, y activar motores de crecimiento”. Los cálculos presentados por su equipo revelan cifras impactantes: la evasión y el contrabando representan 120.000 millones de pesos; la corrupción, 190 billones; y las exenciones tributarias ascienden a 110 billones de pesos. El programa incluye eliminar gastos superfluos, frenar el aumento de la burocracia, fusionar agencias redundantes y transformar subsidios eliminando su regresividad, todo ello con el propósito de cumplir la Regla Fiscal y modificar la estructura tributaria.
Además de la lucha contra la ilegalidad, el plan contempla incentivar la inversión privada, reducir la nómina paralela del Estado y crear un ecosistema proempresa. En materia energética, se busca recuperar la exploración y producción de petróleo y gas con seguridad jurídica, y transformar el sistema eléctrico de la Costa Caribe. El ajuste, sin embargo, está atado a una reforma tributaria que tendría que aprobar otro Gobierno y otro Congreso en 2027, lo que añade incertidumbre al cronograma.
“No puede seguir manejando sus finanzas públicas con irresponsabilidad ni asfixiando al sector productivo”.
Abelardo De La Espriella, presidente electo
Voces críticas y el desafío de la magnitud del ajuste
La propuesta del presidente electo no está exenta de cuestionamientos. Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence y exdirector de Fedesarrollo, advierte que el ajuste propuesto se queda corto frente a la realidad fiscal del país. Según Mejía, Colombia necesita reducir el déficit a un rango de 3% a 3,5% del PIB, lo que implicaría un recorte anual de 67 billones de pesos, una cifra significativamente mayor a la planteada por el equipo de De La Espriella. El contraste es evidente: mientras el plan del presidente electo apunta a un déficit de 4,8% en el corto plazo y por debajo de 3,5% hacia 2030, los analistas independientes consideran que la senda de consolidación debe ser más ambiciosa y rápida.
Otro dato que subraya la urgencia del ajuste es la carga de intereses de la deuda, que actualmente representa el 36,9% del recaudo tributario, muy por encima del promedio histórico del 22%. Esto significa que una parte creciente del presupuesto se consume en el servicio de la deuda, reduciendo el espacio fiscal para inversión social y productiva. El plan de De La Espriella busca revertir esa tendencia, pero el éxito dependerá de la capacidad del nuevo Gobierno para ejecutar las reformas estructurales en un entorno político complejo y con un Congreso que deberá aprobar las medidas en 2027.
