El presidente Abelardo de la Espriella firmó la Ley de Sometimiento, Ley 2640, el miércoles 4 de noviembre de 2026, en un acto que quedó registrado en video y fue difundido a través de sus redes sociales. Acompañado por el ministro de Justicia, Iván Cancino, y el secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto, el mandatario estampó su firma luego de que el Congreso de la República aprobara un texto idéntico tanto en Senado como en Cámara de Representantes, lo que permitió que el proyecto pasara directamente a sanción presidencial sin necesidad de conciliación.
La Ley 2640 modifica la Ley de Orden Público y prorroga la Ley 418 de 1997, estableciendo condiciones claras para el desmantelamiento de organizaciones criminales de alto impacto. El marco jurídico no reconoce estatus político a estos grupos ni abre negociaciones políticas, y el acceso a cualquier beneficio está condicionado a la colaboración eficaz con las autoridades, la entrega de bienes ilícitos y el cumplimiento riguroso de compromisos con la justicia. Las condenas impuestas bajo esta normativa se cumplirán en establecimientos del Inpec.
Cifras contundentes en el Congreso
El proyecto fue aprobado con 57 votos a favor y 24 en contra en el Senado, y 95 votos a favor y 10 en contra en la Cámara de Representantes. Entre los puntos más relevantes se establece un mínimo de diez años de privación efectiva de la libertad para cabecillas y de seis años para colaboradores, con rebajas de pena que pueden alcanzar el cincuenta por ciento para integrantes de base y el treinta por ciento para mandos medios. Además, se eliminó el artículo 25, que contemplaba el manejo de recursos del Fonsecon, decisión que recibió 78 votos en la Cámara de Representantes.
«¡El que delinquió tiene que pagar!»
Abelardo de la Espriella, Presidente de Colombia
Durante la firma, el presidente señaló que con esta ley se acaba formalmente la falsa paz. «Vamos a firmar en este momento la ley de sometimiento», afirmó de la Espriella ante sus acompañantes. El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó que cualquier beneficio que busquen los criminales debe estar sujeto a un cumplimiento riguroso de las condiciones impuestas por la norma. «Cada vez que quieran algo, tienen que dar un aporte a la verdad real y absoluto y concreto», puntualizó el ministro.
«Esta ley de sometimiento, no solamente es de sometimiento, es de verdadera paz, porque las víctimas están en el centro de esta ley»
Abelardo de la Espriella, Presidente de Colombia
En un mensaje publicado en sus redes sociales, el jefe de Estado enfatizó el espíritu de la nueva legislación: «En Colombia los criminales se someten a la justicia, no el Estado a los criminales». Con esta firma, el Gobierno busca enviar un mensaje contundente en materia de seguridad y justicia, enmarcado en una política que el propio presidente definió como de «paz verdadera» y sin concesiones políticas a quienes delinquen.
Protecciones y disposiciones complementarias
La norma incluye medidas de protección especial para menores de edad y establece sanciones por reclutamiento forzado. Quienes busquen acceder a beneficios deberán aportar información detallada sobre sus actividades criminales y sus vínculos con funcionarios públicos y políticos. Así mismo, se prevé la pérdida de beneficios para quienes oculten información sobre personas desaparecidas. El artículo 13, por su parte, crea mecanismos de articulación institucional para impulsar alternativas económicas legales en territorios afectados por economías ilegales, mientras que el artículo 19 establece programas de tránsito a la legalidad coordinados por la ARN, con lineamientos de los ministerios de Trabajo y Educación y formación a través del Sena.
También se aprobaron disposiciones relacionadas con deforestación, tala ilegal, minería ilegal, restauración ecológica y garantías jurídicas para integrantes de la fuerza pública. En el debate legislativo, el representante Jaime Raúl Salamanca Torres, de la Alianza Verde, señaló que se retiró una disposición que permitía la contratación directa y reservada con recursos del Fonsecon. No obstante, quedaron pendientes aspectos relacionados con la definición de recursos y plazos para la reparación a víctimas, así como salvaguardas frente a posibles presiones en los procesos de libertad condicional. Los presidentes del Senado, Honorio Henríquez, y de la Cámara, Nicolás Barguil, firmaron el documento legislativo antes de la sanción presidencial, completando así el trámite que hoy convierte a la Ley 2640 en una realidad jurídica para el país.
