En un hecho sin precedentes, el presidente de la organización ciudadana que lidera la veeduría, Abelardo de la Espriella, y el vicepresidente José Manuel Restrepo, entregaron este martes en el búnker de la Fiscalía General de la Nación un contundente documento de 135 páginas que recoge 82 denuncias por presunta corrupción durante la administración del presidente Gustavo Petro. El escrito, bautizado como ‘Libro de la verdad’, fue radicado formalmente ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría con el propósito de que las autoridades competentes analicen los hechos y definan responsabilidades administrativas, disciplinarias o penales. La presentación conjunta del presidente y vicepresidente de la veeduría buscó poner en evidencia lo que consideran un patrón sistemático de irregularidades que habrían comprometido recursos públicos por billones de pesos.
El informe cubre el periodo comprendido entre 2022 y 2026 y plantea diez alertas principales que van desde la baja ejecución presupuestal en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) hasta el déficit fiscal y el alarmante endeudamiento público. Entre los hallazgos más graves se destaca que la Ungrd ejecutó apenas el 4,3 por ciento de los 15,3 billones de pesos que le fueron asignados, y además se advierte sobre la falta de reintegro de 240.766 millones de pesos relacionados con los polémicos carrotanques en La Guajira. En esa misma región, donde la Corte Constitucional ha ordenado proteger los derechos de la niñez mediante la Sentencia T-302, se registraron 1.085 contratos por un valor de 11,78 billones de pesos entre 2022 y julio de 2026, lo que encendió las alarmas por una posible utilización política de la emergencia humanitaria.
Nóminas paralelas y contratación masiva al descubierto
Una de las denuncias más llamativas tiene que ver con los cerca de 900.000 contratos de prestación de servicios suscritos durante el actual gobierno, que comprometen aproximadamente 15 billones de pesos. Para Abelardo de la Espriella, esta situación configura lo que denominó literalmente “nóminas paralelas”, pues se trataría de una forma de vincular personal por fuera de la planta oficial, sin los controles ni las calidades exigidas por la ley. El documento también revela un déficit de 14 billones de pesos en la Fuerza Pública, situación que ha dejado a la fuerza aérea y al ejército sin capacidad operativa plena, como lo demuestra el hecho de que solo 8 de los 19 helicópteros MI-17 se encuentran operativos.
El golpe a la inversión social también es evidente. El programa Colombia Mayor, que atiende a los adultos mayores más vulnerables, tendría sus recursos agotados entre enero y julio de 2026, generando una profunda incertidumbre para el pago de las mesadas durante el resto del año. De manera paralela, la veeduría documentó que la entidad Fonigualdad realizó pagos por 140.910 millones de pesos a una empresa de servicios temporales sin que existieran los soportes suficientes que justificaran dichos desembolsos. En materia de reforma agraria, si bien se adjudicaron 351.463 hectáreas, solo 95.148 cuentan con registros completos, a pesar de que se destinó cerca de un billón de pesos para este propósito.
Air-e, Fomag y un endeudamiento histórico
El panorama que describe el ‘Libro de la verdad’ es igualmente crítico en el sector energético y en la salud de los maestros. La empresa Air-e pasó de tener un patrimonio de 2,22 billones de pesos en 2023 a registrar un déficit de 377.662 millones de pesos en 2025, con pérdidas acumuladas de 2,5 billones de pesos en apenas dos años. En el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), la veeduría calcula un presunto detrimento patrimonial de 548.000 millones de pesos, sumado a demoras de hasta 7 años en el pago de pensiones docentes, una situación que ha dejado a miles de maestros en la incertidumbre y sin el reconocimiento oportuno de sus derechos laborales.
“Esta situación configura ‘nóminas paralelas’”
Abelardo de la Espriella, presidente de la veeduría
Finalmente, el informe advierte sobre un endeudamiento público que ha alcanzado las tasas más altas de la historia de Colombia, al punto que la Contraloría General de la República se vio obligada a elevar del 50 al 100 por ciento el límite de adjudicación por emisor de TES, una medida que refleja la crítica situación fiscal. José Manuel Restrepo, vicepresidente de la veeduría, resumió en nueve patrones de gestión las fallas detectadas, entre las que mencionó “la destrucción del rigor técnico”, “la opacidad y distorsión de la información pública” y “la fragmentación del Estado”. Al cierre de la presentación, Restrepo aseguró que la entrega de este documento es solo el comienzo de un esfuerzo mayor.
“Este es el punto de partida de un propósito mayor: construir un Estado transparente y en vitrina, donde cada peso de los colombianos sea protegido y cada funcionario responda por sus decisiones”
José Manuel Restrepo, vicepresidente de la veeduría
Con la entrega formal en el búnker de la Fiscalía, la veeduría espera que los organismos de control actúen con celeridad y rigurosidad para esclarecer cada uno de los señalamientos. El ‘Libro de la verdad’ queda ahora en manos de la justicia, que deberá determinar si existen méritos para abrir investigaciones formales contra los responsables, tal como lo exigen los ciudadanos que claman por una gestión pública transparente y eficiente. Mientras tanto, las alarmas están encendidas y el país observa atento el desenlace de esta grave denuncia que compromete billones de pesos del erario.
