En un pronunciamiento que ha generado un intenso debate en el ámbito político y sanitario del país, Alejandro Carranza, abogado defensor del presidente Gustavo Petro, cuestionó duramente el anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella sobre la destinación de 10 billones de pesos para atender la crisis financiera del sistema de salud. A través de un extenso hilo en su cuenta de la red social X (@HombreJurista), Carranza afirmó que estos recursos no constituyen una inyección nueva para el sector, sino que corresponden a dineros que los afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado ya financiaron mediante cotizaciones, aportes y recursos públicos destinados constitucional y legalmente a garantizar el derecho fundamental a la salud.
El abogado, quien ha sido una voz cercana al primer mandatario, centró su crítica en la necesidad de esclarecer el destino de los recursos que ya han ingresado al sistema. Según Carranza, la discusión jurídica y política no puede limitarse a cómo conseguir otros 10 billones, sino que debe establecer qué ocurrió con los fondos que, en numerosos casos, no llegaron oportunamente a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), generando una cartera insostenible. En su intervención, el jurista elevó preguntas directas a la Fiscalía General de la Nación, exigiendo información concreta sobre los resultados de las investigaciones por presuntos desvíos, el número de procesos de extinción de dominio en curso, los bienes cautelados y los recursos efectivamente recuperados.
Un llamado a la transparencia y la rendición de cuentas
Carranza no solo puso en tela de juicio el origen de los 10 billones de pesos, sino que también indagó sobre el impacto que esta partida podría tener en otras áreas del presupuesto nacional. En sus declaraciones, preguntó si esta nueva inversión implicará nuevos aportes de los contribuyentes o recortes en rubros como inversión social, educación, seguridad o infraestructura. Asimismo, cuestionó cuál será el mecanismo jurídico, financiero y de control que implementará el nuevo gobierno para evitar que una nueva inyección de recursos repita las fallas estructurales que han caracterizado al sistema, como la acumulación de cartera, la desviación de dinero y el uso de fondos para fines distintos a los establecidos.
«Será que para los que han ocasionado más muertes que el conflicto armado por desatención y por haberse robado la plata de la salud no merecen mano dura, medidas cautelares sobre sus bienes y condenas ejemplares en vez de darles otros 10 billones para cubrir el hueco que abrieron?»
Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro
El abogado también hizo referencia a casos concretos, como la intervención de Coosalud, mencionando que aproximadamente 200.000 millones de pesos están vinculados a esta situación. En su crítica, Carranza fue enfático al señalar que la verdadera solución no consiste únicamente en aportar nuevos recursos, sino que también exige recuperar los que ya salieron del sistema de manera presuntamente irregular. «Como dice el dicho, la infidelidad no se cura vendiendo el sillón, ni en este caso, pagándolo dos veces», sentenció el jurista, en un llamado a establecer responsabilidades y fortalecer los controles para evitar el colapso de las IPS y garantizar la sostenibilidad del sistema de salud colombiano.
