El abogado penalista Francisco Bernate identificó tres posibles delitos que podrían investigarse en el marco del caso de los contratos ligados a Deicy Jiménez y el expresidente Gustavo Petro. En un análisis publicado en La FM, el jurista señaló que los hechos podrían configurar interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, todos contra la administración pública, además de un eventual tráfico de influencias que podría atribuirse directamente al exmandatario.
Deicy Jiménez, quien afirma haber mantenido una relación personal con Gustavo Petro desde 2019, habría recibido contratos de prestación de servicios en distintas entidades públicas. Según la denuncia, estos contratos se habrían tramitado entre 2021 y 2024, periodo que incluye la estadía de Petro en el Congreso de la República, así como vinculaciones posteriores con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior. Bernate explicó que la investigación deberá establecer el monto exacto de los contratos y los periodos de ejecución, así como determinar si hubo intervención de funcionarios para beneficiar a Jiménez al margen de los requisitos ordinarios.
Responsabilidad penal en dos niveles
El penalista señaló que existen dos niveles de responsabilidad en este caso. El primero recae sobre los funcionarios que tramitaron, aprobaron o pagaron los contratos en las entidades públicas. «Los primeros responsables son quienes firmaron esos contratos», afirmó Bernate en la entrevista radial. En este sentido, se deberá analizar quiénes participaron en la estructuración, justificación de necesidad y criterios de idoneidad de los procesos contractuales. El segundo nivel se centra en la posible responsabilidad de Gustavo Petro, que dependerá de la fecha de los hechos: si ocurrieron durante su periodo como senador, el caso corresponde a la Corte Suprema de Justicia; si fueron durante su presidencia, la competencia recae en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Bernate detalló que el delito de interés indebido en celebración de contratos se configura cuando un servidor público interviene en un proceso contractual con interés particular. Para ello, se deberá establecer quiénes participaron en la estructuración y justificación de los contratos. El contrato sin cumplimiento de requisitos legales se investiga cuando un funcionario tramita contratos sin observar los procedimientos legales establecidos, por lo que se revisarán documentos como las necesidades institucionales, la capacidad de la contratista y la supervisión real de las actividades. En cuanto al peculado por apropiación a favor de terceros, este delito se configura si funcionarios autorizaron pagos con recursos públicos a sabiendas de que no correspondían a actividades realmente ejecutadas.
«Lo que hemos visto es que el asunto pasaría por un presunto tráfico de influencias»
Francisco Bernate, abogado penalista
Respecto al tráfico de influencias que podría atribuirse a Gustavo Petro, el jurista advirtió que se requeriría probar que impartió instrucciones, ejerció presión o hizo gestiones para favorecer contratos a nombre de Jiménez. Bernate fue enfático al señalar que mensajes, videos o la existencia de una relación personal no son suficientes por sí solos para configurar responsabilidad penal. Mientras tanto, el expresidente Petro y dirigentes del Pacto Histórico han rechazado las acusaciones y las calificaron como un montaje político, en medio de un clima de tensión que también incluye una denuncia penal presentada por la defensa de Petro contra el director del Dapre por supuestas presiones hacia funcionarias del Gobierno, hecho mencionado en el mismo análisis pero no relacionado directamente con el caso de Jiménez.
