Una controversia financiera y jurídica envuelve al Colegio Refous Roland Jeangros S.A.S., cuya administración se encuentra inmersa en un proceso de reorganización empresarial bajo la Ley 1116 de 2006. Los acreedores de la institución, representados por la firma Estructuración y el abogado Carlos Ramírez, han puesto en tela de juicio la veracidad de la información financiera presentada y la titularidad de los inmuebles que el colegio reporta como parte de su activo. Mientras tanto, desde la institución educativa se acusa a los reclamantes de pretender «despojarla» de sus bienes en el marco de este concurso de acreedores que se tramita ante la Superintendencia de Sociedades.
El proceso de reorganización fue activado por el colegio tras acumular obligaciones vencidas que, según los reportes oficiales, superan los 63.000 millones de pesos. Esta cifra involucra a un amplio espectro de acreedores que van desde entidades financieras hasta pequeñas y medianas empresas. Ante el prolongado incumplimiento, los afectados han decidido activar el mecanismo de ejecución de garantías, una herramienta legal que, según el abogado Carlos Ramírez, busca «recuperar el dinero que se prestó de buena fe, no quedarse con bienes de manera caprichosa».
Denuncias sobre activos y falta de transparencia
Uno de los puntos más álgidos de la disputa gira en torno a los inmuebles que el colegio listó como parte de su patrimonio. Los acreedores denuncian que la administración de la institución solo identificó las matrículas de los terrenos donde opera, pero omitió presentar los documentos de soporte que acrediten su titularidad. Voceros de los demandantes señalaron que «la información incompleta o susceptible de interpretaciones genera nuevos requerimientos, solicitudes de documentos y verificaciones adicionales por parte de las autoridades», lo que retrasa el avance del proceso y siembra dudas sobre la verdadera capacidad de pago del deudor.
«Cualquier acreedor que enfrenta un incumplimiento prolongado está facultado para acudir a las herramientas que le otorga la ley para proteger su crédito. Lo que se busca es recuperar el dinero que se prestó de buena fe, no quedarse con bienes de manera caprichosa. Ese nunca fue el objeto del negocio jurídico celebrado».
Carlos Ramírez, abogado de la firma afectada
Mientras el litigio avanza, la comunidad educativa observa con inquietud. Padres de familia han expresado su preocupación, y algunos señalan que la noticia del proceso de insolvencia llegó después de que pagaran las matrículas para el periodo lectivo. En paralelo, la administración del colegio ha anunciado ambiciosos proyectos de internacionalización y la posible adopción del Bachillerato Internacional (IB), una visión que contrasta con la exigencia de varios padres y acreedores de que la prioridad debe ser entregar información financiera clara y verificable.
«La información incompleta o susceptible de interpretaciones genera nuevos requerimientos, solicitudes de documentos y verificaciones adicionales por parte de las autoridades».
Voceros de los demandantes
La Superintendencia de Sociedades ya ha solicitado información complementaria y ha advertido sobre las consecuencias legales por el incumplimiento de cargas procesales y la falta de claridad en los estados financieros. Los acreedores advierten que, si los bienes que respaldan la operación pertenecen a terceros, la viabilidad de un acuerdo se compromete de manera seria, con el riesgo latente de que el proceso derive en una liquidación judicial. La incertidumbre sobre el futuro del Colegio Refous Roland Jeangros crece mientras las partes se mantienen en una pugna que, más allá de las cifras, tiene un impacto directo en la educación de los estudiantes y en la confianza de toda una comunidad.
