La Asociación Colombiana de Salud Pública (ACSP) emitió un comunicado en el que insta al Gobierno nacional, entidades territoriales, EPS, IPS, organismos de control y a la ciudadanía en general a convertir en acciones concretas las nuevas leyes de salud mental, ante el alarmante aumento de casos reportados. Según datos oficiales, durante 2024 se notificaron 38.770 intentos de suicidio al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, mientras que con corte al 30 de septiembre de 2025 se registraron 2.066 muertes por esta causa. De estas, el 79% corresponden a hombres y el 21% a mujeres, evidenciando una crisis que la asociación califica como “historias de vida, familias y comunidades afectadas”.
El llamado de la ACSP surge de la percepción de que, pese a la expedición reciente de varias normas, persiste una brecha significativa entre la legislación y su implementación real. La asociación advierte que “la expedición de normas, por sí sola, no garantiza el derecho”, y subraya que la efectividad de las leyes depende de una adecuada reglamentación, asignación de recursos, definición clara de responsabilidades, articulación institucional y mecanismos de seguimiento. En el contexto actual, la salud mental sigue siendo un tema relegado, y la organización insiste en que “no es una debilidad individual ni un asunto privado que cada persona deba resolver en soledad”, sino una responsabilidad colectiva.
Barreras persistentes en la atención
La asociación señaló que, a pesar de la existencia de un marco jurídico robusto, los ciudadanos enfrentan obstáculos cotidianos para acceder a servicios de salud mental. Entre las quejas más recurrentes se encuentran demoras en la asignación de citas, dificultades para obtener atención psicológica, permanencias prolongadas en servicios de urgencias, interrupciones en tratamientos y condiciones que no garantizan la privacidad del paciente. La Ley 2518 de 2025, que prohíbe trámites administrativos que retrasen la atención, exige continuidad de los tratamientos y fortalecimiento del modelo comunitario, aún no se traduce en una mejoría palpable para los usuarios.
La ACSP también vincula la crisis de salud mental con factores estructurales como las condiciones de vida, la violencia, la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la discriminación. Por ello, insta a que las políticas públicas aborden estas causas de fondo y no se limiten a intervenciones asistenciales. El contexto normativo vigente incluye la Ley 1616 de 2013, la Ley Estatutaria 1751 de 2015, las leyes 2460 y 2518 de 2025, el Decreto 729 de 2025 que establece la Política Nacional de Salud Mental 2025-2034, y la Resolución 347 de 2026 que crea el Código Dorado contra la conducta suicida. Sin embargo, la asociación advierte que estas herramientas legales no serán efectivas sin una voluntad política real y recursos suficientes.
“La salud mental no es una debilidad individual ni un asunto privado que cada persona deba resolver en soledad”
Asociación Colombiana de Salud Pública
Exigencias concretas a las autoridades
En su comunicado, la ACSP pide al Ministerio de Salud y Protección Social que presente balances periódicos sobre la implementación de las normas. A la Superintendencia Nacional de Salud le solicita intensificar las labores de inspección, vigilancia y control, especialmente frente a las barreras de acceso denunciadas. A las EPS e IPS les exige eliminar los obstáculos administrativos y garantizar una atención oportuna, continua y de calidad. A las entidades territoriales, la asociación les pide fortalecer las redes comunitarias de salud mental y promover acciones intersectoriales. Finalmente, al Congreso de la República y a los organismos de control, como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, les demanda un seguimiento permanente para que las leyes no queden en el papel.
El llamado de la ACSP se produce en un momento en que las cifras de intentos y muertes por suicidio evidencian una emergencia que no puede postergarse. Detrás de cada número hay una historia de sufrimiento, y la asociación recuerda que la salud mental es un derecho fundamental que el Estado debe garantizar mediante acciones concretas, no solo mediante la promulgación de nuevas leyes. La implementación efectiva de la normativa existente y la eliminación de las barreras administrativas son, según la ACSP, los pasos urgentes que deben dar todas las instituciones del sistema de salud para salvar vidas y proteger el bienestar de la población colombiana.
