El Ministerio de Justicia de Colombia activó el proceso para solicitar formalmente la extradición desde Canadá del exmagistrado José Leonidas Bustos, luego de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmara en segunda instancia su condena a 123 meses y un día de prisión por su integración al denominado Cártel de la Toga. El fallo de segunda instancia fue adoptado el miércoles 14 de octubre de 2026 y divulgado dos días después, el viernes 16 de octubre. El exmagistrado, quien llegó a presidir la Corte Suprema, fue hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio, en concurso homogéneo y sucesivo, y deberá pagar además una multa de 133 millones 738 mil 170 pesos, así como una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo período de la pena privativa de la libertad.
Durante una entrevista con la W Radio, el ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó que el trámite de extradición ya se inició. “Estamos esperando a que se nos dé la información. Al interior del Estado cada entidad tiene una responsabilidad. El Ministerio de Justicia está presto a efectuar todos los trámites que se requieran y obviamente tengo claro que ya se activaron. Cuando le corresponda al Ministerio de Justicia actuaremos de manera inmediata para lograr esa extradición, porque ya es una orden de la Corte Suprema”, afirmó Cancino. La Corte Suprema, al confirmar la condena, fue enfática al señalar que “la ética judicial es innegociable” y que en el caso de Bustos “lo cuestionable fue la oferta de su dignidad como presidente de la Corte Suprema, al servicio de intereses particulares”.
El entramado de corrupción del Cártel de la Toga
La investigación encontró que Bustos participó activamente en una red criminal que operó entre 2012 y 2017, integrada por magistrados y abogados, que ofrecía intervenciones ilegales en procesos penales contra aforados constitucionales a cambio de pagos millonarios. La red incluía a los entonces magistrados Gustavo Malo y Francisco Ricaurte, y al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. La asociación criminal fue expuesta tras grabaciones obtenidas en Estados Unidos en 2017, cuyo contenido la Corte Suprema avaló incorporar al expediente, descartando cualquier afectación a la imparcialidad del proceso. La Corte advirtió que la salida de Bustos del país “deja en vilo la materialización de la respuesta institucional del Estado”.
En el caso del excongresista Álvaro Ashton, Bustos y sus cómplices acordaron un pago de 1.200 millones de pesos para archivar una indagación por parapolítica. De esa suma, se entregaron inicialmente 600 millones de pesos y Bustos recibió al menos 200 millones de pesos en efectivo, dinero que fue llevado por el exfiscal Moreno siguiendo instrucciones de Ricaurte. En el caso del también excongresista Musa Besaile, el pacto fue por 2.000 millones de pesos para aplazar la investigación en su contra y evitar que se emitiera una orden de captura. Besaile llegó a identificar a Bustos como “mi papá” en sus declaraciones, reflejando la relación de complicidad que existía dentro de la organización. La Corte determinó que Bustos, aunque no requería ser ponente, utilizaba su influencia como presidente del tribunal para torcer decisiones colegiadas a favor de los sobornadores.
“La ética judicial es innegociable”
Corte Suprema de Justicia, en el fallo
“Lo cuestionable fue la oferta de su dignidad como presidente de la Corte Suprema, al servicio de intereses particulares”
Corte Suprema de Justicia, sobre José Leonidas Bustos
El exmagistrado se encuentra actualmente en Canadá, país con el que Colombia mantiene un tratado de extradición. La activación del proceso por parte del Ministerio de Justicia representa el primer paso formal para que Bustos sea puesto a disposición de las autoridades colombianas y cumpla su condena en el país. Mientras tanto, el caso sigue siendo un hito en la lucha contra la corrupción judicial en Colombia, recordando los alcances de una de las redes más lesivas para la credibilidad de la justicia en la historia reciente del país. La decisión de la Corte Suprema, ratificada en su totalidad en segunda instancia, cierra un capítulo judicial que comenzó con la condena en primera instancia el 20 de febrero, aunque no se especificó el año en ese fallo inicial, y sienta un precedente en la persecución de los delitos cometidos por altos funcionarios del sistema judicial.
