El agente interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, anunció un desembolso de 68.989 millones de pesos destinados a 636 prestadores de salud del régimen contributivo, al tiempo que denunció prácticas de intermediación y cobro de comisiones en los pagos. Durante un balance de su gestión, Ospina reveló que estos giros hacen parte de una reorganización del sistema de pagos bajo criterios técnicos, en medio de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, vigente desde abril de 2024 por las dificultades financieras y operativas que enfrenta la entidad que atiende a más de 11 millones de afiliados en todo el país.
El anuncio se produce luego de que, entre el viernes y los días lunes y martes siguientes, se programaran nuevos giros para cerca de 100 proveedores, entre ellos el Hospital Pablo Tobón Uribe, la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl, la Clínica Internacional, Audifarma, Colsubsidio, el Hospital General de Medellín, el Hospital Universitario San Ignacio y la Fundación Valle del Lili, además de operadores farmacéuticos y empresas de transporte médico. Ospina explicó que los pagos se realizan mediante procesos de conciliación de facturas, sin intermediarios, con el objetivo de que los recursos lleguen directamente a las instituciones prestadoras de salud.
Denuncia contra intermediarios y cobro de comisiones
En sus declaraciones, el agente interventor fue contundente al rechazar cualquier práctica de intermediación en los desembolsos. “El pago no debe ser con intermediarios ninguno. No me manden a personas amigas mías porque lo saco de aquí si esa es la intención de poder tener un pago en la institución de salud”, advirtió Ospina, quien también denunció que alguien intermedia la relación de pago entre la Nueva EPS y el proveedor de servicio y se queda con una comisión, lo que calificó como un desvío de recursos que deberían destinarse a satisfacer las necesidades de salud de la comunidad. “Los pagos deben ser programados sin intermediación, sin coima por la mitad, porque son recursos de lo más sagrado que es la salud y vida de la comunidad”, enfatizó.
“Alguien intermedia la relación de pago entre la Nueva EPS y el proveedor de servicio, esa persona se queda con una comisión del pago y por supuesto ese recurso no participa de satisfacer efectivamente las necesidades de salud de nuestro pueblo”.
Jorge Iván Ospina, agente interventor de Nueva EPS
Embargos judiciales ponen en riesgo la atención
Ospina también alertó sobre el impacto de los procesos judiciales de embargo que afectan la capacidad financiera de la EPS, al retener montos superiores a las deudas reclamadas. “El problema es que el embargo recoge y nos secuestra mucho más plata que la que efectivamente se debe”, señaló, y puso como ejemplo que “una deuda de 200.000 millones nos embargan 400.000 millones”. Aclaró que estos embargos desproporcionados ponen en peligro la provisión de tratamientos oncológicos y otros servicios vitales. “Cuando usted me embargan el doble de lo que se debe, ¿sabía usted que está dejando sin provisión los tratamientos de cáncer para un paciente que necesita regularidad en la atención?”, cuestionó. En un tono de advertencia, afirmó: “Si quieren cerrar la Nueva EPS sigan con sus embargos, que pondrán en peligro la estabilidad y la vida de más de 11 millones de usuarios”.
Pese a las dificultades, la intervención avanza en la revisión de la nota técnica de la entidad para identificar las necesidades reales de los afiliados y reorganizar el esquema de pagos basado en necesidades técnicas de salud, contratos sostenibles y cronogramas programados. Ospina recordó el caso de un menor indígena fallecido por tos ferina, lo cual evidencia la urgencia de garantizar el flujo de recursos sin intermediaciones. Los nuevos giros, que suman 150.000 millones de pesos acumulados en pagos recientes, buscan aliviar la crisis que enfrentan hospitales, clínicas, IPS y proveedores públicos y privados a nivel nacional.
