La Contraloría General de la República emitió una alerta crítica este 16 de julio, al revelar que el Gobierno nacional recaudó 7,59 billones de pesos mediante medidas tributarias extraordinarias para atender la emergencia por el Frente Frío en Córdoba, pero que la ejecución de esos recursos es prácticamente nula. Según el órgano de control, con corte al 18 de junio de 2026, las entidades responsables no han registrado obligaciones ni pagos sobre las partidas presupuestales, a pesar de que los fondos ya fueron incorporados al Presupuesto General de la Nación y se expidieron los certificados de disponibilidad correspondientes.
La adición presupuestal aprobada para la emergencia, declarada en febrero de 2026, ascendió a 8,68 billones de pesos, de los cuales se ha recaudado el 87,5 por ciento. Sin embargo, la Contraloría advierte que este monto no cubre la totalidad de lo aprobado, lo que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las apropiaciones previstas para el segundo semestre del año. Los recursos, obtenidos mediante medidas tributarias extraordinarias, estaban destinados a la atención y recuperación de los territorios afectados por el fenómeno climático en el departamento de Córdoba.
Falta de plan de acción y convenios retrasados
El principal señalamiento de la Contraloría se centra en la ausencia del Plan de Acción Específico para la atención integral de la emergencia, documento que resulta indispensable para verificar el destino de los recursos y evaluar el cumplimiento de los objetivos que motivaron la declaratoria de emergencia. A esto se suma el retraso en la formalización de los convenios necesarios para ejecutar las obras y programas previstos. Sin estos instrumentos, el órgano de control advierte que se dificulta el seguimiento del gasto y se pone en entredicho la efectividad de las medidas adoptadas por el Gobierno.
Pese a que los recursos ya están disponibles en el presupuesto y los certificados de disponibilidad han sido emitidos para diversos sectores, las entidades encargadas no han avanzado en la materialización de las obligaciones financieras. La Contraloría subraya que la inejecución de estos fondos, en un contexto de emergencia que afecta gravemente a la población cordobesa, representa un riesgo fiscal y social que debe ser atendido de manera inmediata por las autoridades competentes.
