La Alcaldía de Bogotá, encabezada por Carlos Fernando Galán, anunció la incorporación de 794 nuevos policías a la capital, en medio de una fuerte polémica desatada por concejales que denuncian que al menos 120 motocicletas y decenas de cámaras de seguridad, ya adquiridas con recursos públicos, siguen sin ser entregadas ni puestas en funcionamiento. El refuerzo, presentado por el general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana, y el secretario de Seguridad, César Restrepo, busca enfrentar el aumento de homicidios y delitos de alto impacto en varias localidades, pero los cuestionamientos sobre la efectividad de la inversión ponen en duda el verdadero impacto de la medida.
De los 794 uniformados que arribaron a la ciudad procedentes de 22 departamentos del país, 684 fueron asignados directamente a las localidades más críticas, mientras que el resto se integrará a la Fuerza Disponible, labores de prevención y al Grupo de Operaciones Especiales (GOES). Las localidades que recibirán mayor cantidad de agentes son Kennedy, con 88; Suba, con 84; San Cristóbal, con 45; Bosa, con 43; Rafael Uribe Uribe, con 40, y Engativá, con 37. El perfil de los nuevos policías incluye a 477 mujeres y 317 hombres, de los cuales 97 son profesionales, 180 técnicos, 21 tecnólogos y 27 dominan otros idiomas. Todos serán incorporados al Nuevo Modelo del Servicio de Policía, en un intento por fortalecer la presencia institucional en los barrios.
Equipos comprados que no operan
Sin embargo, el anuncio del Distrito fue empañado por la denuncia de los concejales Samir Bedoya Piraquive y Fabián Andrés Puentes Sierra, del Partido Mira, quienes revelaron que existe una brecha significativa entre la ejecución presupuestal y la operatividad real de los equipos de seguridad. Según la información verificada por los cabildantes, al menos 120 motocicletas adquiridas para la Policía Metropolitana no están en funcionamiento. En localidades como Santa Fe, 21 motos permanecen sin operar; en Rafael Uribe Uribe, 18 están en proceso de adecuación; en Puente Aranda, 14 no han sido entregadas, y en Kennedy, Engativá, Tunjuelito y otras zonas, decenas de vehículos permanecen en trámites o almacenados en bodegas.
La situación con las cámaras de seguridad es igualmente preocupante. Los concejales señalaron que, por ejemplo, en Rafael Uribe Uribe se registra una ejecución financiera del 100% en el papel, pero cero cámaras instaladas. En Puente Aranda, el 100% de los recursos ya fueron girados, pero la ejecución física apenas alcanza el 50%. “Hay localidades con el presupuesto ejecutado al 100% en el papel, pero con cero cámaras instaladas y motos que no salen a la calle”, advirtió Puentes Sierra.
«Celebramos que lleguen más policías a Bogotá, pero no podemos permitir que lleguen a las localidades sin herramientas para responder. La seguridad no se mide por anuncios, contratos o dinero girado; se mide con motos en la calle, cámaras funcionando y presencia real en los barrios.»
Samir Bedoya Piraquive, concejal de Bogotá (Partido Mira)
El incremento de homicidios en 2025 agrava el panorama. Localidades como Rafael Uribe Uribe registran un alza del 46,3%, mientras que Puente Aranda reporta un 44%. Santa Fe, por su parte, presenta la tasa de homicidios más alta de toda la capital. Ante este contexto, el Partido Mira exigió a la administración distrital la elaboración de una matriz de trazabilidad e impacto por localidad, que incluya detalles de cada contrato, valor, equipos adquiridos, fechas de entrega, estado actual y su integración al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4). También solicitaron un cronograma público de entrega que priorice las localidades más vulnerables.
Mientras el alcalde Galán y su equipo destacan el esfuerzo por aumentar el pie de fuerza, la denuncia de los concejales deja en evidencia que la seguridad no se resuelve solo con más uniformados, sino con equipos operativos que permitan una respuesta real en los territorios. La administración deberá ahora dar explicaciones sobre el destino de los recursos ya ejecutados y los plazos para que las motos y cámaras entren en funcionamiento, en medio de la presión ciudadana y el incremento de la violencia en varias zonas de la ciudad.
