El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó a la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta López como «madrina de los bandidos» luego de que la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Instrucción, abriera una investigación formal en su contra por presunto abuso de función pública durante un operativo en la cárcel La Picota. La decisión del alto tribunal, que incluye la citación a indagatoria de la congresista, se originó por una denuncia del concejal Andrés Tobón, quien cuestionó la participación de Zuleta en un procedimiento de incautación de un arma que tuvo lugar el pasado 10 de julio de 2025 en el centro penitenciario de Bogotá.
Según la investigación, la senadora habría excedido las funciones asignadas por el Gobierno nacional al intervenir directamente en el operativo, en el que se descubrió una pistola dentro del penal. El hallazgo del arma se produjo a partir de información suministrada por Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá, quien entonces se desempeñaba como informante de la negociadora de paz designada por el Ejecutivo. La senadora, por su parte, ha afirmado en redes sociales que su presencia en la cárcel respondió a una solicitud para facilitar un gesto de paz y evitar situaciones violentas, y ha negado haber interferido en la diligencia judicial, calificando la investigación como una persecución política vinculada a su labor en favor de la paz urbana y carcelaria.
Reacciones del alcalde Gutiérrez y el concejal Tobón
El mandatario antioqueño, conocido por su postura crítica frente a la política de Paz Total del Gobierno, aprovechó la apertura del proceso para arremeter contra la senadora y contra la estrategia gubernamental. En su cuenta de X, Gutiérrez publicó un extenso mensaje en el que señaló: «Lo advertimos muchas veces: la mal llamada Paz Total terminó convertida en una excusa para beneficiar, legitimar y darles privilegios a los delincuentes. Mientras los colombianos buenos cumplen la ley, otros les abrían las puertas de las cárceles, se sentaban con los criminales y hasta los subían a una tarima. Se les acabó la fiesta! Ahora la Corte Suprema abre una investigación formal. Que investigue a fondo y que haya justicia. Colombia necesita recuperar el principio de autoridad. La ley es para todos. Los criminales se combaten, no se apadrinan».
«Lo advertimos muchas veces: la mal llamada Paz Total terminó convertida en una excusa para beneficiar, legitimar y darles privilegios a los delincuentes. Mientras los colombianos buenos cumplen la ley, otros les abrían las puertas de las cárceles, se sentaban con los criminales y hasta los subían a una tarima. Se les acabó la fiesta! Ahora la Corte Suprema abre una investigación formal. Que investigue a fondo y que haya justicia. Colombia necesita recuperar el principio de autoridad. La ley es para todos. Los criminales se combaten, no se apadrinan».
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín
El concejal Andrés Tobón, quien fue el denunciante del caso, también se pronunció al respecto y subrayó la supuesta ilegalidad de la actuación de la senadora: «Un congresista no tiene funciones de allanamiento de ninguna manera», afirmó. Tobón recordó que Zuleta ya había sido denunciada anteriormente por el episodio conocido como el «tarimazo» en 2025, cuando participó en un acto público con miembros de grupos armados ilegales. El concejal insistió en que la participación de la senadora en el operativo de La Picota constituye una clara extralimitación de funciones.
La investigación formal de la Corte Suprema no implica una condena anticipada, sino que obliga a Zuleta a comparecer ante la justicia para explicar su intervención. El caso se enmarca en la creciente controversia en torno a la política de Paz Total del Gobierno, que ha sido objeto de críticas por parte de sectores políticos y judiciales. Mientras tanto, la senadora continúa defendiendo su gestión y asegura que la indagatoria es parte de una persecución judicial en su contra. El proceso sigue su curso en la Sala de Instrucción, que deberá determinar si existió o no abuso de funciones en la diligencia penitenciaria.
